Posponen audiencia crucial para José Díaz Gómez del EZLN; Frayba critica el acceso a la justicia
* El zapatista ha enfrentado más de año y medio de prisión preventiva en condiciones cuestionables, marcadas por dificultades como la interpretación en su lengua materna para el juicio oral.
Daniela Alfaro
La audiencia judicial para José Díaz Gómez, miembro de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue nuevamente pospuesta, exacerbando las preocupaciones sobre el acceso a la justicia para el detenido. Díaz Gómez lleva más de un año y medio detenido bajo prisión preventiva por acusaciones de robo con violencia, en lo que sus defensores denuncian como un arresto arbitrario marcado por condiciones inhumanas.
Desde su detención en noviembre de 2022, Díaz Gómez ha enfrentado una serie de obstáculos legales, incluyendo cambios frecuentes en su defensa legal y múltiples negativas para modificar su detención preventiva por medidas menos restrictivas. Según las denuncias, ha sido sometido a condiciones de hacinamiento e insalubridad en el Centro de Reinserción Social No. 17 “El Bambú”, compartiendo una celda diseñada para tres personas con hasta dieciocho detenidos.
La audiencia pospuesta, que estaba programada para iniciar el juicio oral, se vio afectada por la ausencia de un intérprete en su lengua materna, lo cual ha sido visto como una violación a sus derechos como indígena Ch’ol. Este incidente ha generado críticas hacia el sistema judicial local por su presunta negligencia y discriminación.
Organizaciones de derechos humanos y simpatizantes del EZLN, como el El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), han urgido a las autoridades a garantizar un juicio justo para Díaz Gómez y han demandado su liberación inmediata e incondicional. Argumentan que su arresto es parte de una estrategia más amplia de criminalización contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y la autonomía territorial.
“El caso de José Díaz Gómez refleja un patrón preocupante de persecución política y judicial contra quienes defienden los derechos ancestrales y la autonomía de sus comunidades”, declaró un portavoz de las jornadas contra la criminalización y por la libertad.
