Simón Castillejos Bedwell
Una reforma electoral solo puede hacerse legítima si es parte de una reforma política de las estructuras reales del poder político de manera integral.
Hoy, para que ello se pudiera producir realmente y con trascendencia, debiera ser la expresión de un nuevo pacto sociocultural de carácter nacional, que tenga como su producto central una nueva constitución, a partir de derechos universales constitucionales. De otra manera, toda “reforma electoral” se reduce a adecuaciones de forma, que se traducen en expresiones de maquillaje, más allá de los discursos por incendiarios que puedan aparecer.
Si bien algunas formas pueden ayudar o favorecer espacios, acomodos y supuestos equilibrios legales, no representan un cambio de fondo, y menos los montos del dinero salvo su origen público o privado, no tanto personal, pues toda candidatura, de lo que sea y para lo que sea, siempre representa grupos y asociaciones de intereses económicos, socioculturales, políticos y de gobierno, y en ello el tipo y formas de políticas públicas que hagan posibles la hegemonía de tales intereses, nunca de individuos.
Así, si los recursos económicos, en especie o de todo tipo, así como los discursos e imágenes, son privados o mixtos por ley, siempre los que tengan más paga en lo particular o en grupo serán los más seguros triunfadores y gobernantes con la supuesta legitimidad del llamado voto popular, aunque este sea comprado o manipulado, incluidas las estructuras del poder institucional, pero nunca del pueblo sin poder económico, en especie y publicitario, como se ha mostrado infinidad de veces en todo el planeta y en distintos sistemas políticos. Por ello, siempre todos los recursos en sus distintas expresiones deben ser públicos y expuestos a auditorías fiscales y sociales en todos los niveles y tipos de elecciones, pero siempre soportados, validados y fiscalizados
por los pueblos y comunidades desde sus territorios, como una expresión inicial del poder popular, y no solo del gobierno en turno y sus instancias jurídicas y políticas.
Todos los aspirantes deben probar públicamente su respaldo en, por lo menos, tres criterios:
contar con actas de asambleas públicas de pueblos y territorios, incluyendo sus propuestas de políticas públicas y posibles soluciones para sus demarcaciones.
Tales candidaturas podrán o no ser respaldadas por partido alguno, incorporando las dobles rondas de votación, incluidos los usos y costumbres junto al
derecho consuetudinario de los pueblos originarios, mixtos, jóvenes, mestizos y demás valores socioculturales. Con las dobles rondas de votación, se eliminarían
los plurinominales por partido, para ser incorporados como electos solo quienes obtengan el primer y segundo lugar, siempre y cuando el segundo lugar obtenga
por lo menos un 5% de las votaciones según cada demarcación donde se lleve a cabo cada proceso eleccionario, sea de carácter federal, estatal, municipal o distrital,
así como por circunscripción de carácter regional, incorporando ahí las candidaturas de pueblos originarios, donde las dos fases de votación serían siempre por usos y costumbres, de acuerdo al derecho consuetudinario, construyendo así un cuarto nivel de gobierno.
