Héctor Estrada
Con todo y la presencia de las fuerzas federales de seguridad, los ataques de los grupos armados, autoproclamados “Autónomos”, en el municipio de Tila, Chiapas, no se detienen. Apenas esta semana la cabecera municipal sufrió el embate de un comando armado que agredió y predio fuego a algunas viviendas.
La problemática en Tila terminó por estallar en 2015 luego de que un nutrido grupo de ejidatarios indígenas decidiera tomar por la fuerza el ayuntamiento para asumir el control de las tierras, incluida la cabecera municipal, que, aseguran, fueron arrebatas de manera ilegal hace más de 50 años.
Los ajustes agrarios en ese municipio de Chiapas que dieron origen a la problemática datan del año de 1934 cuando, mediante un decreto presidencial, se devolvió la propiedad ejidal de las tierras a la población ch’ol y tzeltal que a lo largo del tiempo habían sido desplazas por familias mestiza. Sin embargo, en ese momento nada se hizo para regularizar o conciliar la situación.
Las décadas pasaron y el desarrollo poblacional de la cabecera, mayoritariamente ocupada por familias mestizas, creció considerablemente, dejando sin efectos reales al decreto de 1934. Así fue como en 1971 cuando, en un intento de dar certidumbre legal a decenas de familias de la cabecera municipal, se inició un proceso legal para tratar de expropiar 130 hectáreas.
La mayoría eran tierra que habían quedado ya dentro del desarrollo urbano de la cabecera municipal e inmediaciones. No obstante, los ejidatarios indígenas se ampararon contra dicho procedimiento que terminó por sentenciarse a su favor en 2009, pero el juez determinó que era ya imposible restituir las tierras y propuso que la sentencia se ejecutara de formas alternativas, como una compensación económica o la entrega de tierras equivalentes.
Finalmente, en 2010 el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiendo el expediente en uno de los primeros casos de derechos colectivos de pueblos indígenas que fueron atraídos por la máxima instancia de justicia del país.
En uno de los casos más complicados, la Suprema Corte inició desde 2010 un proceso de peritajes que se extendieron más de lo esperado, hasta diciembre de 2015 cuando los ejidatarios indígenas decidieron tomar por la fuerza armada el ayuntamiento y todo el control de la cabecera municipal, desplazando a las caciquiles autoridades municipales hacia otro poblado.
Desde entonces conformaron un gobierno autoproclamado autónomo que puso como condición a los pobladores de la cabecera municipal acatarse a sus nuevas reglas o desalojar “sus tierras”, por lo que la situación no tardó en generar confrontaciones. Pronto los pobladores se organizaron para defender lo que también asumían como sus hogares y patrimonio.
Y es que, en 2018 finalmente la SCJN decidió devolver el caso a los tribunales menores, dejando nuevamente el asunto en el limbo jurídico. Por eso el conflicto se ha convertido en un tema sin salida donde la violencia es la constante.
La entrada de las fuerzas de seguridad para recobrar el control y la irrupción violenta de los ejidatarios autónomos se ha convertido en un asunto cíclico. Con ejidatarios autónomos armados, respaldados por grupos paramilitares, y pobladores también dispuestos a defender “sus familias y hogares” a costa de lo que sea, el conflicto en Tila parece estar aún muy lejos de una salida conciliatoria.
Por eso las escenas de grupos autónomos armados irrumpiendo en viviendas para saquearlas o quemarlas como medida para reclamar el control de “sus tierras”. Por eso las multitudinarias marchas de paz que parecen no tener eco en los responsables de la gobernabilidad. Y también por eso la incertidumbre y vulnerabilidad en la que viven hoy cientos de familias en ambos frentes para quienes las autoridades no tienen hasta ahora una salida pacífica al añejo conflicto… así las cosas.
