Edgar Hernández Ramírez
La crisis del crimen organizado en México no puede entenderse únicamente como una disputa entre “buenos” y “malos”, ni como una simple falla de estrategia gubernamental. Lo que presenciamos es la expresión más visible de un entramado histórico, económico y político profundamente arraigado. La violencia no brota de la nada;es el síntoma más extremo de un país donde amplias regiones quedaron fuera del pacto social y donde la legalidad convive –y a veces se subordina– a poderes fácticos que llenan el vacío dejado por el Estado.
El crecimiento de cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, no se explica por una genialidad criminal excepcional, sino por las condiciones concretas que lo hicieron posible. En zonas rurales marginadas, sin inversión pública, sin empleos formales y con un Estado incapaz de garantizar bienestar, la economía ilegal ofreció oportunidades de ascenso social que el mercado legal negó durante décadas. La ilegalidad, en ese sentido, no fue una desviación moral, fue una alternativa real de supervivencia.
Esta realidad se ve agravada por un Estado fragmentado. No hablamos de corrupción como un fenómeno anecdótico, sino como una relación estructural. En municipios donde los salarios públicos son precarios y las instituciones carecen de recursos, el dinero criminal opera como un lubricante que compra lealtades, silencios y, sobre todo, funciones estatales. Lo que termina por formarse es un sistema de co-gobierno, donde policías, funcionarios locales y organizaciones criminales negocian un orden mínimo que garantice estabilidad para unos e impunidad para otros.
A ello se suma un elemento que rara vez se discute con la seriedad necesaria: la articulación entre el capital lícito e ilícito. El narcotráfico no es una economía artesanal; es un complejo entramado transnacional que involucra redes de distribución, flujos financieros, empresas fachada y mecanismos de inversión. En consecuencia, combatirlo implica tocar intereses de élites económicas que, directa o indirectamente, se benefician del lavado de dinero y su inserción en actividades productivas. El problema deja de ser solamente del “narco” y se convierte en una disputa entre fracciones del capital.
La militarización, presentada durante años como la solución, ha demostrado ser incapaz de transformar las raíces del conflicto. Las Fuerzas Armadas pueden sustituir temporalmente a instituciones débiles, pero no pueden reconstruirlas. Su presencia, en ocasiones necesaria para contener la expansión territorial del crimen, termina convirtiéndose en una estrategia de contención perpetua;mantiene el problema bajo cierto umbral, pero no lo resuelve. Lo más preocupante es que, al fragmentar a las organizaciones criminales, genera disputas más violentas por el control local.
En paralelo, millones de personas habitan territorios donde el Estado jamás llegó con servicios básicos. Allí, las organizaciones criminales ofrecen algo que las instituciones oficiales no pueden garantizar: justicia rápida, empleo, protección y un mínimo de orden. Este reemplazo funcional convierte al crimen organizado en una autoridad de facto, y a sus actos de violencia, en un mecanismo de regulación social. Se trata de una soberanía alternativa que solo puede desarticularse reconstruyendo la presencia estatal, no sólo aumentando el número de patrullas o retenes.
Finalmente, existe una dimensión internacional ineludible. La demanda estadounidense de drogas, el flujo de armas hacia México y la presión política de Washington conforman un triángulo que perpetúa la asimetría. México pone los territorios y los muertos; Estados Unidos pone el mercado y el armamento. Mientras esta ecuación persista, cualquier estrategia nacional estará incompleta.
El crimen organizado no es una anomalía del sistema, es parte integral de él. Mientras persista un modelo económico que produce desigualdad estructural, un Estado debilitado que no garantiza derechos y una geopolítica que incentiva la economía ilegal, la violencia seguirá encontrando su espacio. Combatir al narcotráfico exige, más que operativos espectaculares, una transformación profunda del país: fortalecer instituciones, reducir desigualdades y reconstituir la soberanía estatal donde hoy manda la ley del fusil. Sin eso, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, un paliativo. Y es en este escenario, donde la política social y el combate a las causas de la violencia –incluida en la actual estrategia de seguridad del gobierno mexicano– cobran un mayor sentido.
