* Se mantienen en protesta dentro de las instalaciones del ayuntamiento, acusan negligencia por parte de las autoridades y advierten que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta
Redacción / Alfaro Noticias
Integrantes del Ejido Nuevo Bochil se mantienen en protesta dentro de las instalaciones del ayuntamiento municipal para exigir una solución inmediata a la falta de agua potable, un problema que aseguran han padecido por más de dos décadas sin que las autoridades locales hayan dado una respuesta efectiva.
Los manifestantes, entre quienes se encuentran ejidatarios y avecindados, afirman que ante la ausencia de una red pública de agua han tenido que recurrir a la compra constante de pipas, lo que representa un gasto significativo que afecta directamente su economía familiar y profundiza los niveles de marginación en la comunidad. “Muchos deben elegir entre comprar agua o alimentos”, expresaron algunos de los voceros durante la protesta.
Señalan también que, además del desabasto, enfrentan otros problemas estructurales como la falta de vivienda digna, educación y servicios básicos. En ese contexto, denuncian que las autoridades municipales han actuado con omisión, y acusan al alcalde Limbano Domínguez Román de no atender las peticiones realizadas desde octubre de 2024. Incluso afirman haber promovido un amparo ante la falta de respuesta oficial.
Los habitantes del ejido mencionan que, tras obtener una contestación gracias al recurso legal interpuesto, el compromiso del gobierno municipal fue vago e inconcluso, sin establecer un plazo claro ni acciones específicas para garantizar el acceso al agua.
Durante su intervención, líderes del movimiento recordaron que su comunidad está integrada por familias desplazadas desde el levantamiento armado de 1994, y que su situación actual representa una vulneración constante de sus derechos. Solicitaron la intervención directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así como de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que se garantice su derecho al agua y a una vida digna.
Además, hicieron un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales para que supervisen el respeto a sus garantías fundamentales. Por ahora, los pobladores anunciaron que mantendrán ocupadas las oficinas del ayuntamiento hasta que sean atendidos personalmente por el presidente municipal o, en su defecto, por el gobernador.
