Juan Carlos Cal y Mayor
Hay momentos en la historia en que el poder deja de escuchar la realidad y comienza a escucharse únicamente a sí mismo. Es entonces cuando las decisiones dejan de ser estratégicas para convertirse en gestos de orgullo. La política, como la guerra, está llena de ejemplos.
LA SOBERBIA DE CREERSE INVENCIBLES
Napoleón en 1812 y Hitler en 1941 compartieron algo más que el escenario ruso: ambos prefirieron congelar sus ejércitos antes que congelar su orgullo. El corso esperó en Moscú la rendición de un zar que nunca llegó, convencido de que su estrella lo protegía del frío y de la lógica. El Führer prohibió la palabra “retirada” mientras sus soldados morían con los fusiles encasquillados a treinta grados bajo cero.
Napoleón entró en Rusia con la Grande Armée de más de 600 mil hombres; cuando lo que quedaba de aquel ejército regresó cruzando el río Berezina, apenas unos 100 mil sobrevivientes lograron salir con vida. El resto quedó sepultado por el frío, el hambre, las enfermedades y la obstinación de un plan que ya no tenía sentido.
Hitler repitió el error más de un siglo después. En 1941 lanzó contra la Unión Soviética cerca de tres millones de soldados en la Operación Barbarroja. La guerra en el frente oriental se prolongaría cuatro años y terminaría convirtiéndose en el mayor desastre militar de Alemania: más de cuatro millones de soldados alemanes morirían allí durante toda la guerra, devorados por el invierno, la guerra de desgaste y la obstinación de un mando que prohibía siquiera pronunciar la palabra retirada.
En ambos casos, la naturaleza no los derrotó; los derrotó la incapacidad de admitir que el mapa había dejado de coincidir con el territorio, que el plan original era ya un cadáver y que seguirlo era solo una forma elegante de suicidio. La historia no recuerda sus excusas; recuerda sus huesos blanqueando la estepa.
CUANDO EL PODER NO ADMITE LA DERROTA
Algo parecido ocurre cuando un proyecto político se niega a reconocer sus derrotas. Tras el fracaso de la reforma electoral constitucional en el Congreso de la Unión, el oficialismo decidió inventar lo que hoy se presenta como un “Plan B”. Una fórmula discursiva destinada a sostener la narrativa de que la transformación sigue avanzando, aunque la aritmética parlamentaria haya dicho lo contrario.
El planteamiento es simple en apariencia: reducir el número de diputados locales y regidores en los estados para generar ahorros presupuestales. Para Chiapas se ha mencionado una cifra cercana a 4 mil millones de pesos. El problema es que, al rascar un poco la superficie, el supuesto plan revela una serie de contradicciones.
EL LABERINTO CONSTITUCIONAL
En primer lugar, el aspecto constitucional. La propia Carta Magna establece que los estados son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Esto significa que la integración de los congresos locales y de los ayuntamientos, así como su presupuesto está determinada por las constituciones de cada estado.
En consecuencia, cualquier modificación real requeriría reformas constitucionales y electorales en cada entidad federativa. Es decir, lo que se presenta como una decisión nacional terminaría convertido en treinta y dos procesos legislativos distintos, cada uno sujeto a las mayorías políticas locales.
En otras palabras, el “Plan B” no sería en realidad un plan federal. Sería una invitación a que cada estado resuelva su propio rompecabezas constitucional.
Incluso si la Constitución federal llegara a modificarse para sugerir lineamientos de austeridad en los órganos de representación política, su efecto sería en buena medida enunciativo, como ha ocurrido con otras disposiciones constitucionales que terminan teniendo más valor declarativo que práctico. Ahí está el ejemplo de la reforma que estableció que nadie puede ganar más que el presidente de la República, una norma que en la práctica ha generado litigios, excepciones y reinterpretaciones que han terminado diluyendo su alcance original.
LAS CIFRAS DEL DINERO PÚBLICO
Pero el problema no termina ahí. El argumento económico con el que se intenta justificar la propuesta también merece una revisión más serena. En Chiapas se habla de un gasto cercano a 4 mil millones de pesos vinculado a estructuras de representación política. Pero incluso en el supuesto de aplicar medidas severas de austeridad, lo que se obtendría sería un ahorro parcial, no la desaparición de ese monto. Mientras tanto, el tamaño real del gasto público en el estado se mueve en otra escala.
El Presupuesto de Egresos de Chiapas pasó este año de 121 mil millones de pesos a 141 mil millones, es decir, un incremento de 20 mil millones de pesos en un solo ejercicio fiscal.
A ello hay que añadir los recursos federales que llegan directamente a la población a través de programas sociales. Se estima que más de dos millones de chiapanecos reciben algún tipo de apoyo, lo que representa alrededor de 46 mil millones de pesos anuales en transferencias directas. Si se suman participaciones federales, aportaciones y recursos de infraestructura, el flujo total de dinero público que impacta la economía del estado supera con facilidad los 180 mil millones de pesos al año.
En ese contexto, el supuesto ahorro que se pretende discutir adquiere una dimensión mucho más modesta.
La otra propuesta del plan B son las consultas populares. Una sola bastaría para dar al traste con supuesta austeridad. Tan solo la elección de ministros y magistrados con una magra participación del 11% le costó al erario más de 13 mil millones de pesos.
UN AJUSTE QUE YA SE HIZO
Además, hay otro dato que rara vez se menciona. Según lo ha señalado el propio presidente del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, Chiapas se encuentra entre las entidades que más han reducido el presupuesto destinado al Poder Legislativo en los últimos años.
Es decir, lejos de tratarse de un aparato en expansión, el Congreso local ya ha venido operando bajo una lógica de contención del gasto. Este hecho vuelve todavía más discutible la narrativa de que el gran problema del gasto público estatal se encuentra en los órganos de representación política.
EL SIMULACRO DE LA AUSTERIDAD
Todo esto conduce inevitablemente a una pregunta. Si eventualmente la Constitución se reformara para establecer criterios de austeridad en la integración de congresos y cabildos, ¿quién tendría que hacer las adecuaciones reales? La respuesta es evidente: los propios congresos estatales. Y muchos de ellos —incluido el de Chiapas— están controlados por mayorías de Morena y sus aliados.
De modo que el supuesto “Plan B” terminaría dependiendo de la voluntad política de los mismos actores que hoy dominan buena parte de los congresos del país.
A estas alturas resulta difícil no ver en todo este debate algo más cercano a un ejercicio de narrativa política que a una reforma estructural.
MIENTRAS TANTO, EL MUNDO REAL
Mientras toda esta discusión ocupa la escena nacional, al norte de la frontera Donald Trump vuelve a calentar los motores de su discurso político. Y lo hace con un tema que el gobierno mexicano prefiere evitar: la confrontación directa con el narcotráfico.
En Washington el lenguaje es cada vez más claro. Los cárteles mexicanos han sido señalados como organizaciones criminales con impacto transnacional y, en el debate político estadounidense, crece la presión para tratarlos como amenazas a la seguridad nacional.
Es un escenario incómodo para México, porque coloca sobre la mesa una realidad que la política interna ha preferido manejar con prudencia retórica.
LA POLÍTICA DE LAS DISTRACCIONES
Tal vez por eso el debate nacional se llena de discusiones que ocupan titulares, pero que difícilmente modificarán las estructuras reales del poder o del gasto público. Mientras se discute el número de regidores o diputados locales, el presupuesto estatal crece en decenas de miles de millones, las transferencias federales continúan expandiéndose y los problemas estructurales del país siguen esperando decisiones de fondo. Es el viejo recurso de la política: discutir lo visible para no enfrentar lo incómodo.
Porque reconocer una derrota legislativa exige algo que el poder rara vez practica: humildad.
Napoleón y Hitler aprendieron demasiado tarde que el orgullo puede ser más letal que el invierno. La historia política también tiene sus estepas. Y en ellas, muchas veces, los imperios no caen por falta de fuerza. Caen por exceso de soberbia.