Juan Carlos Cal y Mayor
La iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, enviada al Senado por el Ejecutivo federal, se presenta como un esfuerzo por reducir el gasto político y racionalizar las estructuras de poder en los estados y municipios. En el discurso, la promesa es sencilla: menos despilfarro, menos burocracia electoral y más dinero para la gente. Pero cuando uno revisa con calma algunos de sus efectos concretos en estados como Chiapas, la conclusión resulta bastante menos épica. De hecho, si aplicamos sus propios criterios al caso chiapaneco, lo que aparece no es precisamente un recorte.
EL TECHO DEL 0.70 %
Uno de los artículos de la iniciativa establece que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70 % del presupuesto de egresos del estado correspondiente. La idea, en apariencia, es poner un límite al gasto de los congresos estatales, instituciones que con frecuencia han sido criticadas por su tamaño y su opacidad administrativa.
Ahora bien, hagamos el ejercicio. El Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para 2026 asciende a aproximadamente 141 mil millones de pesos. Si aplicamos el límite del 0.70 %, el Congreso local podría gastar cerca de mil millones de pesos al año sin violar la nueva regla. Hasta aquí todo parece muy austero.
El detalle es que el Congreso de Chiapas actualmente tiene asignados alrededor de 586 millones de pesos.
Es decir, el nuevo límite no obligaría a recortar el gasto legislativo. En realidad, permitiría incrementarlo en casi 400 millones de pesos sin incumplir la reforma. Una reforma presentada como instrumento de austeridad terminaría funcionando, al menos en Chiapas, como una especie de autorización implícita para gastar más.
EL CASO DE LOS REGIDORES
Algo similar ocurre con otro de los cambios planteados: el número de integrantes de los ayuntamientos. La propuesta establece que los municipios estarán integrados por un presidente municipal, una sindicatura y entre siete y quince regidores.
En principio se trata de evitar ayuntamientos sobredimensionados. Sin embargo, en muchos municipios de Chiapas esa estructura ya existe dentro de esos rangos. El resultado es que la reforma, en vez de reducir el tamaño de los cabildos, simplemente consolidaría el esquema actual, sin generar un ahorro real ni modificar de fondo la estructura del gobierno municipal.
CUANDO LAS CUENTAS NO CIERRAN
Este tipo de inconsistencias revela un problema mayor: la reforma parece haber sido diseñada sin revisar con detenimiento la realidad presupuestal de los estados. Porque las matemáticas son simples. Si el Congreso de Chiapas gasta hoy menos del 0.70 % del presupuesto estatal, entonces imponer ese límite no cambia absolutamente nada. Peor aún: deja espacio para aumentar el gasto sin contradecir la norma.
En otras palabras, la regla no corrige el problema que supuestamente pretende resolver.
LA REFORMA IMPROVISADA
Las reformas constitucionales no deberían construirse con fórmulas generales lanzadas al aire esperando que funcionen en todo el país por igual. México es un sistema federal y cada estado tiene estructuras administrativas distintas.
Lo mínimo que se esperaría antes de proponer un límite presupuestal nacional sería realizar simulaciones serias, revisar cifras estatales y evaluar los impactos reales de la medida. Nada de eso parece haber ocurrido. Porque cuando una reforma que se anuncia como un golpe contra el gasto político termina permitiendo que ese gasto incluso crezca en algunos estados, el problema ya no es de interpretación. Es de diseño.
UNA REFORMA HECHA CON LAS PATAS
El debate sobre el sistema electoral mexicano es legítimo y necesario. Las instituciones públicas siempre deben revisarse y mejorar.
Pero también es cierto que las reformas mal diseñadas terminan generando efectos contrarios a los que prometen. Y cuando una iniciativa que presume austeridad podría terminar ampliando el margen de gasto legislativo en estados como Chiapas, el mensaje que queda es inevitable.
Que el famoso Plan B, al menos en algunos de sus puntos, parece haber sido hecho con las patas.
GATOPARDO
Al final, la reforma que se anuncia como un golpe contra el gasto político podría terminar siendo apenas un ajuste cosmético. Un cambio de discurso más que de estructura. Como en la célebre frase de El Gatopardo: cambiarlo todo para que todo siga igual.
