* Activistas exigen justicia por los casos de feminicidio, una adecuada tipificación de los crímenes y denuncian irregularidades en la integración de los expedientes
Daniela Alfaro
Integrantes de la Fundación Karla Velasco se manifestaron este miércoles frente al Congreso del Estado de Chiapas para exigir justicia en casos de feminicidio y para sobrevivientes de tentativa de asesinato por razones de género. Las activistas hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales a revisar los procedimientos judiciales y legislativos relacionados con la violencia feminicida.
Durante la movilización, Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación, señaló que persisten graves obstáculos en la integración de carpetas de investigación, lo que impide el acceso efectivo a la justicia. Afirmó que muchas víctimas y sus familias enfrentan un sistema que, en lugar de proteger, revictimiza.
Una de las principales demandas del colectivo fue la eliminación del término “violencia familiar equiparada” en los procesos judiciales, por considerar que no refleja con precisión la gravedad de los hechos. En su lugar, pidieron que se reconozca legalmente como “tentativa de feminicidio” cuando una mujer sobrevive a un intento de asesinato motivado por razones de género.
Las activistas solicitaron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, revisar las denuncias que no han sido judicializadas debido a presuntas omisiones en su integración. Asimismo, pidieron al Congreso local avanzar en reformas que fortalezcan el marco legal para el acceso a la justicia con perspectiva de género.
Claudia Montoya Guerrero, integrante de la Fundación y de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio, compartió su testimonio como víctima de tentativa de feminicidio, caso que involucra a funcionarios del sector educativo estatal. A pesar de haber presentado múltiples denuncias desde 2015, relató que fue despedida sin justificación en medio del proceso y ha enfrentado represalias institucionales.
Montoya denunció que su agresor fue absuelto en 2021, a pesar de las pruebas presentadas, y que su proceso por reinstalación laboral continúa sin resolverse. Señaló también que las sobrevivientes como ella permanecen en una especie de vacío legal, ya que no son reconocidas oficialmente en las estadísticas de violencia de género.
De acuerdo con datos mencionados durante la manifestación, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 21 feminicidios en el estado. Desde 2022, suman 135 víctimas de este delito en la entidad, que actualmente ocupa el noveno lugar nacional en incidencia. Sin embargo, las cifras oficiales no contemplan los casos de tentativa de feminicidio, a pesar de que muchas mujeres han sobrevivido a ataques con la intención clara de asesinarlas.
Las representantes de la Fundación señalaron que la impunidad, la falta de perspectiva de género en juzgados y la falta de profesionalización del personal encargado de atender a víctimas agravan la situación. Exigieron que se sancione a jueces que retrasan o entorpecen los procesos, y que las fiscalías y centros de justicia para mujeres sean depurados de funcionarios que actúan en complicidad con agresores.
“El feminicidio no se detiene con promesas. Se necesita voluntad política, leyes claras, personal capacitado y atención integral a las víctimas”, afirmaron. “Ya no basta con sobrevivir. Exigimos condiciones para vivir dignamente”.
