* La asociación Caesvi advierte que nuevos requisitos para recibir apoyos excluyen a quienes no pueden costear evaluaciones médicas especializadas
Redacción / Alfaro Noticias
Integrantes de la asociación Caminando por una Esperanza de Vida (Caesvi) señalaron que recientes modificaciones en los criterios para acceder a apoyos gubernamentales están dejando fuera a personas con discapacidad, al exigir dictámenes médicos especializados que no están disponibles en la región y cuyo costo supera los 700 pesos por consulta.
Durante el evento por el décimo tercer aniversario de la organización, su presidente, Omar Salomón Morales Aguilar, explicó que al menos cinco personas afiliadas al padrón de Caesvi han enfrentado dificultades para mantenerse en los programas de asistencia, pese a contar con condiciones que afectan su movilidad o capacidad funcional. La organización agrupa a cerca de 100 personas, entre adultos mayores y personas con discapacidad motriz, cognitiva o sensorial.
Uno de los casos señalados es el de personas con síndrome infantil (PSI), quienes no han podido acceder al apoyo debido a que el diagnóstico requerido debe ser emitido por un especialista ausente en Tapachula, lo que implica desplazamientos a otras ciudades y un gasto que muchas familias no pueden cubrir.
Representantes de la asociación consideran que estas nuevas reglas representan una barrera para sectores históricamente marginados. Señalaron que, anteriormente, los apoyos podían obtenerse sin requisitos tan estrictos, lo que permitía una mayor cobertura para quienes viven en situación de vulnerabilidad.
Además de los obstáculos para acceder a apoyos económicos, el Caesvi también alertó sobre la falta de inclusión laboral. De acuerdo con la organización, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad logran incorporarse al empleo formal en Tapachula. La mayoría de las empresas locales continúan excluyendo a este sector de sus procesos de contratación, mientras que es más común encontrar oportunidades en compañías extranjeras sujetas a normativas más estrictas de inclusión.
Morales Aguilar señaló que esta situación requiere atención legislativa, con leyes que garanticen el derecho al trabajo para personas con discapacidad e impongan sanciones a empresas que incumplan. En su experiencia personal, relató haber sido rechazado en al menos seis ocasiones antes de obtener una oportunidad laboral.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades, al sector privado y a las familias a reconocer las capacidades de las personas con discapacidad en lugar de enfocarse en sus limitaciones. “No somos una carga. Podemos ser parte activa del hogar y la sociedad si se nos da la oportunidad”, afirmó.
