Juan Carlos Toledo
En Chiapas, el sector pesquero vuelve a navegar en aguas de simulación. Mientras desde el escritorio se anuncian beneficios y programas, en las costas la realidad es otra: pescadores sin apoyos suficientes, cooperativas desatendidas y una política pública que parece existir más en el discurso que en los hechos.
El contraste con otros tiempos sigue siendo inevitable. Durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, cuando se creó la Secretaría de Pesca, el sector vivió una etapa de impulso real. Había capacitación, extensionismo, apoyos directos, infraestructura y acompañamiento institucional. No era un modelo perfecto, pero sí existía una estrategia.
Los pescadores de la Costa aún recuerdan cuando cada año se liberaban millones de poslarvas de camarón blanco provenientes del centro genético conocido como CEACH. Funcionaban los encierros camaroneros, había vigilancia en mar y aguas continentales, y las familias que dependían de la pesca encontraban en esa actividad una forma digna de sostenerse.
Hoy la historia es distinta. Los apoyos a la comercialización prácticamente desaparecieron, las sociedades pesqueras reciben cada vez menos atención y el abandono institucional se vuelve más evidente en las comunidades costeras.
Lo complejo del momento actual es la contradicción política. El gobernador Eduardo Ramírez ha sido claro al señalar que su gobierno trabaja para los pescadores y sus familias. Sin embargo, dentro de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo el mensaje parece ir en sentido contrario.
La titular de la dependencia insiste en anunciar beneficios para el sector, pero la pregunta es inevitable: ¿cómo se puede impulsar a los pescadores cuando ni siquiera se conoce el funcionamiento de una verdadera Secretaría de Pesca?
La institución carece de áreas fundamentales. No existen subsecretarías estratégicas como Infraestructura Acuícola o Desarrollo Pesquero; tampoco están plenamente integradas unidades básicas como apoyo jurídico, informática o transparencia. Y quizá lo más absurdo: no existen delegaciones regionales que permitan atender a los pescadores en territorio.
Hablar de desarrollo pesquero desde un escritorio es fácil; entender lo que ocurre en los esteros, lagunas y litorales es otra cosa.
Pero el problema no termina ahí. Dentro de la dependencia se habla cada vez más de decisiones que privilegian el control político y el nepotismo antes que la solución de los problemas reales del sector. Mientras se acomodan intereses internos, los pescadores siguen esperando políticas que realmente les permitan producir y vender su producto.
A esto se suma otro síntoma de la desorganización institucional: el Centro Genético de Reproducción de Camarón no opera al cien por ciento, pese a que podría ser una pieza clave para fortalecer la producción acuícola del estado.
La pesca chiapaneca no necesita propaganda ni simulación administrativa. Necesita conocimiento del sector, instituciones que funcionen y funcionarios que entiendan que detrás de cada lancha hay una familia que vive de lo que el mar y las lagunas pueden dar.
La nueva Secretaría de Pesca y Acuacultura opera con improvisación: dragas insuficientes y falta de planeación técnica ponen en riesgo la eficacia de los trabajos, afectando directamente a los pescadores y restando credibilidad a la institución desde su arranque, pese a los compromisos del gobernador Eduardo Ramírez, lo dejan mal parado por la infamia de la actual titular de la secretaría de pesca y acuacultura.
