* Organizaciones pidieron hace un mes la intervención de la CNDH ante retrasos, cancelación de citas e irregularidades en trámites de refugio en Tapachula
Redacción / Alfaro Noticias
Dos ciudadanos haitianos fueron rechazados en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, pese a contar con una cita programada, en un caso que vuelve a poner atención sobre el funcionamiento del sistema de refugio en la frontera sur.
De acuerdo con un video difundido, los hechos ocurrieron el lunes 6 de abril, cuando los migrantes acudieron a las instalaciones para realizar su trámite. En el lugar, elementos de seguridad les indicaron que el documento presentado no era válido, sin que se informara de un procedimiento técnico de verificación ni se les permitiera el acceso.
El caso se suma a reportes previos sobre fallas en la atención a personas migrantes en Tapachula, donde organizaciones y solicitantes han señalado problemas recurrentes en los procesos administrativos.
Hace un mes, diversas organizaciones civiles solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante las dificultades que enfrentan solicitantes de refugio en el país. Durante una reunión con autoridades, expusieron demoras en el prerregistro, cancelación de citas ya programadas e irregularidades en los procesos de evaluación.
En ese encuentro también se planteó la necesidad de agilizar los mecanismos de atención y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad, así como mantener la emisión de documentos que les otorguen certeza jurídica durante su estancia en México.
Tapachula concentra una alta demanda de solicitudes de refugio, lo que ha derivado en saturación de servicios. Reportes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova refieren que los tiempos de espera pueden prolongarse durante varios meses.
A estas condiciones se suman testimonios sobre dificultades para obtener citas y retrasos en la resolución de trámites, lo que obliga a personas migrantes a permanecer en la ciudad por periodos prolongados sin certeza jurídica sobre su situación.
También se han documentado denuncias sobre la posible intervención de intermediarios que ofrecen agilizar procesos a cambio de dinero, aunque estas prácticas no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.
