* A pesar de no tener acceso al líquido, denuncian que los recibos por el servicio siguen llegando sin retrasos.
Redacción / Alfaro Noticias
Habitantes de San Cristóbal de Las Casas y Tapachula enfrentan dificultades para acceder al agua potable. En ambas ciudades, el desabasto se ha prolongado por días e incluso meses, obligando a las familias a buscar alternativas costosas y riesgosas para su salud, la recolección de lluvia.
En San Cristóbal, más de 10 mil personas de los barrios Cuxtitali y Las Delicias llevan más de un año sin recibir agua de forma regular. La interrupción del suministro se debe a un conflicto agrario en el ejido Cuxtitali El Pinar, donde se encuentra el manantial de Chupactic. Grupos en disputa mantienen el control del lugar como medida de presión, afectando a vecinos ajenos al conflicto.
Vecinos de la zona denuncian que el corte del suministro ha tenido consecuencias económicas y sanitarias. Muchos han optado por comprar agua en pipas, con precios que oscilan entre los 500 y 800 pesos, mientras que otros dependen de la recolección de lluvia para abastecerse en casa. “Nos quedamos sin agua después de décadas de contar con ella. Es un derecho básico, no un lujo”, reclamó uno de los afectados.
En Tapachula, la situación no es menos preocupante. Residentes de la 14 calle poniente, en la colonia Centro, reportaron que desde hace cinco días no cuentan con agua entubada. La falta del servicio ha generado afectaciones en las labores domésticas y representa un riesgo para la salud, especialmente de menores y adultos mayores.
Algunas familias han tenido que recurrir también a la compra de agua en pipas, mientras que otras almacenan lo poco que pueden obtener cuando llueve. A pesar de no tener acceso al líquido, denuncian que los recibos por el servicio siguen llegando sin retrasos, lo cual ha generado inconformidad entre los afectados.
En ambos casos, las comunidades han hecho llamados a las autoridades responsables para que se atienda la situación de forma urgente. Coinciden en que el acceso al agua potable no puede verse comprometido por conflictos políticos ni por fallas administrativas, ya que se trata de un derecho humano fundamental.
