* Denuncian impunidad, hostigamiento armado y omisión de autoridades estatales y federales de un ataque que dejó dos muertos y varios heridos.
Redacción / Alfaro Noticias
A cuatro años del ataque ocurrido el 4 de mayo de 2021 en el predio Tierra Blanca, en el municipio de Venustiano Carranza, comuneros tsotsiles de los Bienes Comunales Casa del Pueblo exigieron justicia y una solución definitiva al conflicto agrario que permanece activo en la región. En ese enfrentamiento murieron dos personas, cuatro fueron secuestradas y varias más resultaron heridas.
Según denuncias públicas, el ataque fue perpetrado por un grupo armado vinculado a la Alianza San Bartolomé de los Llanos (ASBALL), con operaciones en el paraje Paraíso del Grijalva. La Casa del Pueblo ha señalado la presunta participación de actores armados civiles y elementos de la Guardia Nacional, así como omisiones por parte de autoridades estatales y federales.
El conflicto gira en torno a la disputa por 18 mil 290 hectáreas de tierras comunales, cuya delimitación fue modificada en 2020 sin consentimiento de la asamblea comunal, de acuerdo con la versión de la Casa del Pueblo. Este cambio derivó en nuevas ocupaciones y hechos de violencia. En abril de este año se reportaron nuevas incursiones con la presunta autorización de funcionarios estatales.
Por su parte, la Alianza San Bartolomé de los Llanos ha acusado a la Casa del Pueblo de organizar el ataque de 2021 con personas armadas, señalando que sus integrantes fueron víctimas de saqueos, incendios y retención de dos de sus miembros. En su pronunciamiento, responsabilizan a líderes de organizaciones campesinas por fomentar la violencia y por lucrar con los conflictos agrarios en la región.
Ambas organizaciones reclaman el respeto a sus derechos agrarios y la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra. Mientras que ASBALL exige el reconocimiento de su posesión de 18 mil 290 hectáreas derivadas de la resolución presidencial de 1965, la Casa del Pueblo pide el respeto a los acuerdos tomados por su asamblea y la desarticulación de los grupos armados.
Los comuneros de ambas partes coincidieron en la necesidad de reactivar la mesa de diálogo interinstitucional, detenida desde agosto de 2023, con el objetivo de evitar nuevos hechos de violencia y buscar una solución pacífica al conflicto. También hicieron un llamado a organizaciones de derechos humanos y a los tres niveles de gobierno para que se garantice una intervención imparcial.
