* Colectivos de búsqueda y de derechos humanos han expresado su solidaridad, exigiendo la protección de los comunicadores y la investigación de las amenazas que buscan silenciar su labor.
Redacción / Alfaro Noticias
Más de 20 periodistas se han deslindado de las acusaciones que los vinculan con el crimen organizado, luego de que una página en redes sociales los exhibiera públicamente. La publicación, difundida por la página de Facebook “Noticias Chiapas al ROJO”, incluyó los nombres y fotos de 18 comunicadores, quienes fueron señalados de supuestamente estar al servicio de un grupo criminal en Tapachula.
Los periodistas afectados rechazaron de manera tajante las acusaciones, calificándolas como un intento de intimidación y censura. Algunos de los comunicadores expresaron en sus redes sociales que esta situación busca vulnerar tanto su seguridad como su trabajo periodístico, orientado a visibilizar injusticias y documentar casos de violencia y abuso en la región.
El ataque a los periodistas fue considerado como una amenaza directa a la libertad de expresión, especialmente en el estado, donde en los últimos años se han reportado asesinatos a periodistas y a defensores de los derechos humanos. La publicación también ha sido vista como una forma de deslegitimar a quienes informan sobre la violencia regional y la presencia de grupos criminales en varias comunidades.
Ante estas acusaciones, los periodistas han solicitado a las autoridades locales y federales que investiguen el caso y que se sancione a quienes difunden este tipo de publicaciones. Además, pidieron medidas para garantizar su seguridad y el libre ejercicio de la prensa en la región, que en los últimos años ha visto un aumento en las amenazas hacia comunicadores.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) también intervino, pidiendo a las autoridades mexicanas que tomen las acciones necesarias para proteger a los 18 periodistas involucrados. La organización instó a las autoridades a ofrecer las garantías necesarias para que los periodistas puedan realizar su labor sin temor a represalias.
En este contexto, la colectiva “Madres en Resistencia” expresó su apoyo al periodista Damián Sánchez Adrián, uno de los afectados por las acusaciones, quien fue señalado junto a otros comunicadores en la publicación. La colectiva manifestó su preocupación por las calumnias que han manchado la carrera de Sánchez Adrián y reafirmó su respaldo a los periodistas que enfrentan ataques a su integridad y libertad de expresión en el estado como a los colectivos de búsqueda.
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por la sobreexposición a fuentes abiertas de periodistas vinculados “injustificadamente con el crimen organizado”. La asociación Frontline Freelance exigió a las autoridades garantizar la seguridad de Damián Sánchez, miembro de la organización, y de los comunicadores mencionados en la publicación, que pone en riesgo su trabajo y seguridad.
