Manuel Ruiseñor Liévano
Lo que por sí mismo ha dejado de ser una novedad en los últimos siete años en la historia económica del país es que, una vez más, el Gobierno federal ha salido al rescate de Pemex.
Durante 2025 y 2026, la Secretaría de Hacienda inyectará recursos a la otrora empresa petrolera orgullo del pueblo mexicano, la cual contará con un instrumento financiero por 250 mil millones de pesos de la banca de desarrollo para proyectos y para cubrir adeudos con proveedores.
Lo grave del caso es que la normalización de estos “rescates”, impide apreciar el daño que se causa al erario público el que se sigan yendo a un barril sin fondo recursos que podrían invertirse y beneficiar la atención de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología o el medio ambiente, sólo por referir algunos sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Esto viene a comento toda vez que al presentar el Plan Estratégico 2025-2035, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que a pesar de ser “rentable”, Pemex enfrenta pagos y amortizaciones “muy altas”.
La pregunta aquí es “¿Qué hizo Hacienda a partir del 2025? Apoyar a Pemex para esas amortizaciones 2025 y 2026, aduciendo que ya para el año 2027, Pemex saldrá solito”. Vaya compromiso el que se echó encima la Mandataria.
Por su parte, el titular de Hacienda, Edgar Amador, explicó que la estrategia para reducir la deuda financiera y comercial contempla emitir notas precapitalizadas (P-Cap) para anticipar pagos de obligaciones y reforzar la liquidez. Coincidió en afirmar que la paraestatal, a partir de 2027 deberá sostenerse por sí misma.
Recuérdese aquí que el pasado mes de julio, el gobierno federal emitió deuda por 12 mil millones de dólares por P – Cap con vencimiento al 2030, último año del actual periodo de gobierno federal.
Si a todo esto agregamos que la deuda pública nacional acaba de romper su marca histórica al reportar un saldo por 18.82 billones de pesos, el más alto acorde con cifras actualizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el panorama es claramente desalentador, porque todo indica que los recursos del pueblo se están tirando al barril sin fondo que ha resultado ser la antes considerada empresa de clase mundial, desacreditada hoy por las calificadores financieras internacionales como la peor empresa de su ramo en el mundo.
Sucede que en este momento, cada habitante tendría que desembolsar 142 mil pesos. Y, de acuerdo con los Saldos de la Deuda del Sector Público Federal, el monto bruto reportado al cierre de junio pasado es 712 mil millones de pesos más que lo registrado al cierre de 2024, y 2.06 billones más, frente a junio del año pasado.
De modo que el total de la deuda bruta del sector público federal equivale a dos veces el gasto público aprobado para este año equivalente a 9.30 billones de pesos. Es, además, 6.6 veces que todo lo que se recaudó de enero a junio por recaudación de ISR, IVA, IEPS e impuestos al comercio exterior, equivalente a 2.84 billones.
Por igual, es algo así como 11.4 veces lo que el sector público tiene programado pagar por pensiones y jubilaciones este año; 1.64 billones. Nada más pero nada menos.
A todo lo cual debe agregarse que por lo que se refiere a CFE, Pemex y el gobierno federal, pagaron un promedio de 3 mil 900 millones de pesos al día de enero a junio, por concepto de intereses, comisiones y otros gastos relacionados con sus obligaciones financieras.
Sin duda, el mayor costo financiero del que se tiene registro para un periodo enero-junio en los últimos 20 años, habría subrayado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un análisis.
Y por si los datos referidos fueran poco, bastaría referir que además en el periodo de cinco años que abarca del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030 el gobierno federal deberá pagar dos quintas partes (42.3%) de su deuda total: 7.98 billones de pesos. El 48.2% (9.09 billones de pesos) restante del saldo de la deuda presenta vencimientos a partir del año 2031 y hasta 2115, de acuerdo con fuentes del referido IMCO.
Una panorama nada halagador, sobre todo si se considera que la posible reestructuración de Pemex ha obedecido más a cambio de nombres que a una reingeniería y rediseño a fondo de la política pública del sector energético nacional. ¿Usted qué opina amiga, amigo lector? ¿Pemex es un barril sin fondo?
