Héctor Estrada
En un loable trabajo para combatir las prácticas, amparadas por la normativa vigente, que permiten la privatización y el saqueo indiscriminado del agua en México, lejos de la observancia ciudadana, un grupo de organizaciones civiles, activistas e investigadores académicos de Chiapas y todo el país han elaborado una iniciativa para establecer una nueva Ley de Aguas Nacionales que se pretende sea discutida en el Congreso de la Unión.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de más de 198 mil firmas, con las copias de identificación oficial adjuntas, que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, para la presentación de iniciativas ciudadanas con las firmas de por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores.
No es un asunto menor, se trata de una alternativa de solución para remplazar a una regulación actual amañada que privilegia el interés de particulares sobre el derecho universal al agua y la protección del vital líquido. Y es que, desde el 8 febrero de 2012 se reformó el Artículo 4 de la Constitución en la que se reconoce el derecho al agua y a un medio ambiente sano.
El tercer transitorio de dicha reforma -realizada hace ya ocho años- exigió la aprobación de una Ley General de Aguas que sentaría las bases para la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno a fin de lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido en un marco de Derechos Humanos, sin embargo eso finalmente nunca sucedió.
La Ley de Aguas Nacionales aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón e impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto centró su instrumentación en el otorgamiento de un sistema de concesiones que funcionan como objetos de acciones de compra y venta; es decir, modelos de privatización simulada que han beneficiado de manera importante a numerosas empresas extranjeras.
Desde que la ley se puso en marcha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha otorgado más de 537 mil concesiones, violando flagrantemente vedas y disponibilidades, así como los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales. La Conagua actualmente cuenta con solo 85 inspectores, mientras que 60 por ciento de los cuerpos de agua del país oficialmente están contaminados.
Y es que, de seguir el actual modelo de concesiones y extracciones indiscriminadas de agua, continuará la explotación del más del 70 por ciento del líquido a manos del sector industrial, dejando sólo el 30 por ciento para uso de la población. La situación es alarmante pues amenza a las reservas de agua dulce en México debido al uso excesivo de agua para técnicas como el fracking, utilizadas para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
La inciativa, que busca que las comunidades indígenas y organizaciones civiles participen en la adminitración del agua, fue finalmente presentada este martes en la Cámara de Diputados abriendo una esperanza de reconfiguración al modelo actual para arrebatar las aguas nacionales del control desporporcionado que hoy poseen las empresa privadas y devolver su tutela al pueblo de México… así las cosas.
