* La comercializadora busca evitar el pago de un crédito fiscal de más de mil 400 millones de pesos.
La suspensión de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido al paro de trabajadores ha generado un retraso significativo en la resolución de casos importantes, incluido el de Elektra, que enfrenta un crédito fiscal millonario. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien había preparado un proyecto de resolución para un recurso de revisión relacionado con el caso, se ha visto impedida de presentarlo debido al paro. Elektra busca evitar el pago de un crédito fiscal de más de mil 400 millones de pesos y enfrenta otro recurso por una suma mayor.
El paro, iniciado por trabajadores en oposición a la reforma judicial propuesta, ha llevado al Pleno de la Corte a suspender labores, al menos hasta el próximo lunes. Esquivel Mossa, junto con las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz, se pronunciaron en contra de esta decisión. Las ministras argumentan que la suspensión de labores no está contemplada ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y consideran que los ministros que respaldaron el paro podrían enfrentar un juicio político por sus actos.
En una declaración conjunta, las ministras Batres, Esquivel y Ortiz afirmaron que el artículo 109 de la Constitución permite la destitución e inhabilitación para el servicio público a quienes incurran en actos que perjudiquen los intereses públicos fundamentales. Resaltaron que la figura del paro de labores no está prevista para los titulares de la SCJN y que esta medida podría constituir una falta grave.
A pesar del paro, Esquivel Mossa y sus colegas sostienen que deberían haber continuado sesionando a distancia, dado el volumen de asuntos pendientes. Criticaron la decisión de suspender labores y advirtieron que los ministros que apoyaron el paro deben renunciar a sus remuneraciones mientras dure la suspensión, para no incurrir en actos de corrupción según el Código Penal Federal.
El estancamiento en la SCJN y el conflicto entre los ministros han intensificado la tensión en torno a la reforma judicial y la capacidad del máximo tribunal para cumplir con su mandato constitucional de impartir justicia. Las ministras enfatizaron que la justicia no debe ser denegada y que el Poder Judicial debe seguir funcionando para garantizar el acceso a la justicia para todos los mexicanos.
