Lulú Ovilla
Con la excusa en usos y costumbres, padres trafican con sus hijas.
Feminicidios en caravana migrante, buscando vivir mejor, encontraron su muerte.
Con la permisividad de gobiernos de todos los colores, llámese PRI, PAN y hoy MORENA, todos, absolutamente, todos, han y están permitiendo el tráfico de niñas, niñas con edades a partir de los 11 años en adelante, la “boda” de estas pequeñas es ilícito, porque no pasan por el Registro Civil, o alguna institución eclesiástica que legalice la unión, violentando sus derechos humanos, entonces no es boda, es trata de infantes.
Este contubernio entre padres, para comercializar a sus hijas, porque esa es la palabra correcta, aunque se nieguen a reconocerlo, aunque les moleste, ese tráfico con lleva: violencia sexual, maltrato físico, psicológico, maternidad temprana, falta de educación escolar, rechazo, segregación, prostitución, esclavitud y explotación laboral, todo eso, no puede ser cultura, no puede ser regla.
El caso de las niñas de Guerrero, en medios televisivos, fue lo que puso el dedo en la llaga, demostrando la segregación de nuestras niñas indígenas de México, les están robado lo más valioso que un ser humanos pueda tener, su infancia, utilizando una tradición ancestral, como excusa, muy cruel esa barbarie, pero muy real, el país tiene una deuda histórica con las mujeres indígenas de México, en materia agraria, derecho que se les ha negado y sigue pendiente.
Municipios como Metlatonoc y Cochoapa El Grande, en Guerrero, son señalados como los principales comercializadores de niñas, pero aunado a eso, también son los peores explotadores de las jornaleras, donde sus condiciones laborales son precarias y lo que es totalmente aberrante, son los métodos de anticoncepción forzada, a lo que son sometidas las mujeres Mixtecas de la Montaña, mismo, que fue registrado por organizaciones sociales independientes.
Es muy importante recalcar, que el tráfico de niñas indígenas, es un tema nacional muy serio, que se debe de atender y que ya no se puede seguir aplazando, quienes tienen en sus manos el poder de legislar leyes, que tipifiquen las bodas forzadas, como un delito de trata de infantes, así sea los padres de esas menores, que sin ningún remordimiento, las etiquetan como mercancías, si son vírgenes llegan a valer hasta 90 mil pesos, sino no menstrúan hasta 300 mil pesos.
De que se valen quienes se dedican a la venta y compran de niñas, que al no considerarse una práctica que se tipifique como trata de personas, se escudan en una tradición de “usos y costumbres”, aunque en el artículo 73, fracción XXI, párrafo primero en materia de trata de personas, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de orden público e interés social, si está considerado.
También en nuestro Código Penal Federal, encontramos contemplada la trata de personas, dentro del título Octavo, se refiere a los delitos contra la moral pública y las buenas costumbres y dentro del capítulo tercero, describe la trata de personas y el lenocinio (Acción de mediar para facilitar una relación amorosa o sexual entre dos personas), entonces si encaja perfectamente como un delito el “matrimonio forzado”, lo único que tienen que hacer es ponerse a trabajar.
De casi 2 mil 500 municipios en México, 620 son indígenas y 420 se rigen por usos y costumbres, tradiciones que son reconocidas por nuestra Constitución y es válido que en un país como México, multicultural, donde su historia se remonta a miles de años atrás, puedan mantener su forma de autogobierno, pero se deben de realizar modificaciones a fondo e importantes y esto no significa atentar contra los usos y costumbres, sino proteger la integridad de nuestras niñas.
La Constitución en su artículo 2, establece: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, pero que creen, ¡No lo están haciendo!, no están ni asegurando, ni conservando ninguna unidad y si están violentado todos, absolutamente todos, los derechos humanos de nuestras niñas y mujeres indígenas.
Cuáles son los estados del país que con la excusa de usos y costumbres trafican con las niñas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, la Sierra Tarahumara, Chihuahua, Sonora, Hidalgo y Puebla, todo esto a pesar de que en el 2019, estas entidades federativas, hicieron reformas a su Código Civil, para evitar los matrimonios forzados o la comercialización en menores de edad y no han hecho nada al respecto.
La venta de niñas indígenas en nuestro país, es violencia de género, aunque no les guste el termino o no lo quieran reconocer, seguirán siendo omisos, ante el abuso de “los derechos de los padres”, a esta comercialización, que trasgrede las normas nacionales e internacionales, porque es una forma cruel e inhumana, robarles su inocencia, su vida, su infancia, les roban todo y con el permiso de sus padres.
Existe una profunda desigualdad de género y es innegable la violencia en contra de las niñas y mujeres indígenas, esto se debe al racismo estructural que estamos viviendo en México, si seguimos permitiendo esta trata de niñas y no hacemos nada al respecto, nos estamos convirtiendo en cómplices, seremos indolentes ante un delito de explotación, abuso, esclavitud y todo lo que le sigue.
Que la Constitución y el Código Penal, no sean letra muerta, para la vida de nuestras niñas y mujeres indígenas, son seres humanos y están siendo tratadas como mercancía, todas las niñas, niños, hombres y mujeres, tenemos el derecho a vivir en un país libre de violencia, donde se respeten todos los derechos humanos, una boda regida por usos y costumbres, es una transacción económica, no un matrimonio.
Feminicidio migrante.
En tan solo 24 horas se cometieron los feminicidios de dos mujeres extranjeras de origen Haitiano, que se encontraban como parte de la caraba migrante alojada en Tapachula y que están en espera de que puedan pasar por nuestro estado para continuar su caminata hacia Estados Unidos.
Dos mujeres perdieron la vida y muy poco se hizo al respecto, no causo mucha indignación, quizás porque eran extranjeras y no mexicanas, no hubieron marchas de protesta ante, el asesinato de dos mujeres, no importa que hayan sido Haitianas, Chinas, etc., fueron dos mujeres que les fue arrebatada la vida.
Solo 24 horas bastaron para que cobardemente dos mujeres fueran asesinadas, el odio y la fuerza bruta se hicieron presentes, ante el miedo que paraliza cualquier sentido de reacción, la mujer se vuelve vulnerable y no lucha, la fuerza del cobarde homicida termina quitándole la vida, no conforme con golpearla, también abusa de ella sexualmente.
Jaritas-Suchiate, es uno de los lugares donde mataron a una de las mujeres Haitianas, la segunda mujer fue hallada a la orilla del Río, en la Colonia San Antonio y el Rosario, de Suchiate también, lo grave, lo imperdonable, es que se sospecha que fueron policías municipales los que le arrebataron la vida a una de las mujeres, que se castigue a los culpables con perspectiva de género, es lo minimo que deben de hacer.
Hasta el momento se han registrado siete feminicidios en Tapachula, pero existen organizaciones de Derechos Humanos, que advierten que si no se atiende esta problemática, podrían ir en aumento, esto derivado de la falta de atención del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que obligan a las mujeres migrantes a tomar caminos de poco acceso y peligrosos para poder transitarlo.
Con la muerte de las Haitianas en Tapachula y Suchiate, vimos que no importa las clases sociales, nacionalidades o edades, se comete el delito y en muchos casos, bajo el amparo de la ley, que estos feminicidios no sean parte de nuestra vida cotidiana, no nos convirtamos en omisos, o algún día nos terminara alcanzado, no esperemos que nos pase para actuar.
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