Edgar Hernández Ramírez
La publicación de una presunta narconómina en la que aparecen integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) abre una de las grietas más profundas –y de mayor riesgo– en la estrategia de seguridad de Chiapas. El señalamiento de que elementos de la corporación recibieron pagos del Cártel Jalisco no sólo compromete a unos cuantos mandos; coloca en entredicho la viabilidad del modelo estatal de confrontación directa con el crimen organizado y la autenticidad del discurso de “cero corrupción” enarbolado por el gobierno.
La FRIP fue creada en diciembre de 2024 como punta de lanza de la política de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Su misión era contener la expansión criminal en la frontera sur y recuperar el control territorial en una entidad donde confluyen disputas entre organizaciones como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Chiapas-Guatemala. Con casi mil efectivos provenientes de fuerzas federales y con equipo táctico de alto poder, la corporación avanzó con rapidez, intervino regiones críticas y redujo la capacidad de fuego de algunas células delictivas.
Pero ese avance vino acompañado de una sombra persistente: múltiples denuncias de abuso de autoridad, cateos ilegales, extorsiones y uso excesivo de la fuerza. Desde sus primeros operativos, la FRIP acumuló señalamientos y capturas de elementos propios, así como la irritación de comunidades indígenas que denunciaron violaciones graves a derechos humanos. Incluso protagonizó un incidente diplomático al ingresar a territorio guatemalteco en persecución de presuntos delincuentes. En ese contexto, la revelación de que nombres de sus integrantes aparecen en una nómina criminal no sorprende del todo, pero sí golpea con fuerza la legitimidad de la apuesta gubernamental.
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, reaccionó con la línea esperada: apertura a la investigación, defensa de la institución y advertencia contra la generalización sin pruebas concluyentes. Sin embargo, el daño político ya está hecho. Su capacidad de control sobre la corporación estratégica del estado queda comprometida.
El Centro Estatal de Control y Confianza, dirigido por José Alonso Llaven, también queda en la mira. ¿Cómo fue posible que elementos presuntamente vinculados al CJNG aprobaran los exámenes de confianza? ¿Los controles fallaron o fueron evadidos?
Esta revelación periodística alimenta, además, una percepción instalada entre sectores de la población: que no todas las organizaciones criminales son combatidas con la misma intensidad y que algunas gozan de tolerancia o acuerdos tácitos.
El impacto también alcanza al Congreso federal. La iniciativa para reformar la ley y dotar a la FRIP de armamento de mayor poder letal queda políticamente debilitada. ¿Cómo justificar la ampliación de capacidades de un cuerpo policiaco cuestionado por posibles vínculos con el crimen organizado?
Repercusiones inmediatas y a mediano plazo
En el corto plazo, es previsible una crisis de confianza ciudadana hacia la FRIP, acompañada de tensiones internas en la corporación y posibles filtraciones adicionales. La investigación anunciada generará incertidumbre operativa y podría limitar temporalmente la capacidad de despliegue en zonas críticas. Además, los grupos criminales aprovecharán el desgaste institucional para reposicionarse territorialmente.
En el mediano plazo, el riesgo mayor es la erosión estructural de la estrategia de seguridad. Sin una corporación confiable, disciplinada y cohesionada, los esfuerzos para recuperar territorios se vuelven insostenibles. También podría deteriorarse la coordinación con fuerzas federales, que verán con mayor cautela la operatividad conjunta.
Para recuperar la credibilidad de la FRIP y preservar la eficacia de la estrategia estatal, se requieren acciones inmediatas y profundas:
-Intervención de la Fiscalía General de la República y auditoría total de la corporación, con acompañamiento federal y mecanismos ciudadanos de observación.
-Depuración real, con procesos disciplinarios transparentes y sanciones ejemplares para quien resulte responsable.
-Revisión del modelo operativo, priorizando controles internos, protocolos de actuación y supervisión permanente.
-Controles de confianza periódicos y públicos para mandos y elementos estratégicos.
-Fortalecer inteligencia financiera y mecanismos de trazabilidad patrimonial.
-Abrir canales de denuncia protegida para policías y ciudadanía.
-Reforma institucional que reduzca incentivos de corrupción y fortalezca la carrera policial.
En este contexto, habría que recordar que la seguridad no es sólo capacidad de fuego; es legitimidad. Sin ella, cualquier helicóptero artillado vuela bajo sospecha. Recuperar la credibilidad de la FRIP exige asumir que la fuerza sin ética se convierte en fragilidad política. Y en un estado donde el crimen disputa territorios y narrativas, la confianza pública es el recurso estratégico más indispensable.
