Daniela Alfaro
A pesar de las sugerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, el outsourcing en el gobierno federal mantiene su presencia. Durante 2023, aproximadamente un tercio de los contratos gubernamentales se realizaron mediante esta práctica, alcanzando más del 70% en el presente año.
El año pasado se formalizaron 154 mil 987 contratos por un valor que superó los 305 mil 129 millones de pesos, siendo 54 mil 802 de ellos destinados a servicios externalizados, con un total que supera los 139 mil 323 millones de pesos. En 2024, ya se han suscrito 2 mil 547 contratos por más de 29 mil 719 millones de pesos, con el 73% destinado a servicios, representando mil 867 contratos por más de 25 mil 379 millones de pesos.
Aunque la Ley del Trabajo permite ciertos tipos de subcontratación, el presidente López Obrador insiste en su rechazo, calificándola de “ilegal” e “inmoral”. Este fenómeno se evidencia en casos como el ISSSTE, que externalizó servicios esenciales como cirugía cardiovascular y hemodinamia, pagando 2,318 millones de pesos a Vitalmex Internacional.
Otros ejemplos incluyen el INM, que contrató transporte de migrantes por 422 millones, y la SICT, que destinó 369 millones para seguridad privada en el AICM, a pesar de ser responsabilidad de la Guardia Nacional.
Las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional también optaron por el outsourcing para seguridad y mantenimiento, con gastos significativos. A pesar de las directrices políticas actuales, el outsourcing en el gobierno federal persiste como una realidad, generando un impacto económico considerable.
