Héctor Estrada
La violencia armada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se ha convertido en una noticia recurrente que no deja de sorprendernos. Y es que, el terror vivido este martes por cientos de habitantes de la zona norte de la ciudad, cuando grupos fuertemente armados tomaron las calles, ha rebasado por mucho todos los límites de lo visto recientemente en ese municipio.
La supuesta disputa por el control de un mercado público terminó exponiendo nuevamente la descomposición social y el crecimiento exponencial del crimen organizado en la ciudad. Las imágenes no dejaron espacio a las dudas sobre lo que sucede ahí. La gobernabilidad y la seguridad están ausentes, maniatadas o secuestradas por grupos delincuenciales que se apoderan de los espacios públicos y se pasean por las calles sin el menos empacho.
Las imágenes dejadas tras lo ocurrido este martes debenasumirse con suma preocupación. Delincuentes con armas largas, chalecos antibalas y hasta bazucas hechizas, tomando el control de las calles, mientras decenas de ciudadanos se resguardaban pecho tierra en centros comerciales, viviendas y clínicas, es algo que no puede asumirse como otro incidente más en la lista negra de esa ciudad.
El lamentable acontecimiento de este 14 de junio debe ser el punto de quiebre para enfrentar la problemática como se debe. Se trata pues de un asunto delicado que ya está muy por encima del orden municipal. Pensar a estas alturas que el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas puede enfrentar el problema en solitario es pecar de inocentes o carentes de realidad. Claramente su competencia ha sido rebasada desde hace mucho tiempo.
San Cristóbal se ha vuelto “tierra de nadie”, donde las bandas delincuenciales desfilan en caravanas motorizadas, tirando balazos al aire para imponer sus condiciones a punta del terror irracional; donde se ejecutan periodistas en la puerta de sus hogares y los presuntos asesinos aparecen muertos y encajuelados a varios kilómetros de distancia.
En San Cristóbal las autoridades viven “arrodilladas” ante el poder de los grupos violentos y la impunidad que les otorga su origen y los micro cárteles del crimen organizado que se enconden detrás de ellos. Y es que, como olvidar que entre las víctimas recientes está nada más ni nada menos que el propio fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, asesinado en agosto pasado, o la niña Marisol, de tan sólo 7 años, alcanzada por una de las balas percutidas por “Los Motonetos” mientras dormía en su casa del barrio San Antonio del Monte.
Y los casos son muchos más. Entre los más escandalosos destaca el sucedió en agosto de 2018 cuando el taxista Isaías Trujillo fue asesinado a pedradas y palazos por integrantes de mismo grupo delincuencial y pobladores afines, luego de que el trabajador del volante fuera asaltado por uno de “Los Motonetos”. Isaías intentó perseguirlo para detenerlo, pero nunca imaginó que se encontraría con el resto de los delincuentes y varios vecinos cómplices que terminarían linchándolo en plena vía pública.
Fueron “demonios” que se alimentaron durante años y se dejaron crecer a base de complicidades e intereses políticos, y que ahora están por encima de la capacidad de la acción o atención gubernamental. De muy poco sirve que la Guardia Nacional se pasee tiempo después de las horas de terror, ya sin mucho qué hacer. Lo que San Cristóbal Requiere es la intervención urgente de los tres niveles de gobierno, pero de forma permanente, pare restablecer el orden, desarticular a los grupos criminales y devolver la paz a un municipio en franca orfandad… así las cosas.