Sr. López
Tía Rita y tío Celso, protagonizaron un divorcio comopara serie de Netflix. Pasó de todo, pelearon por todo, incluido quién se quedaba con la jaula de los canarios. Finalmente, ya mansas las aguas, como a los tres meses de terminadas las hostilidades, tía Rita, en una sobremesa de comida de domingo en casa de la abuela Virgen (la de los siete hijos), hizo un anuncio: -Pues Celso y yo nos vamos a dar otra oportunidad –silencio general de asombro y la abuela que en su vida dijo nada más fuerte que “tonto”, le mentó la madre. Pues sí.
En este nuestro idílico país, tanto presidentes de la república, como gobernadores y legisladores en todas sus presentaciones, padecen de una crónica diarrea legislativa, no tratada.
Esa anormalidad en el aparato legislativo, se atribuye a diversas causas, unas nobles, como la adaptación de las leyes a las cambiantes circunstancias de eso que llamamos realidad, mejorar la impartición de justicia, cuidar de la economía y responder a exigencias y necesidades de la ciudadanía, todo muy noble.
Pero también hay fundada sospecha (lamento abollar su candor), de que es más frecuente de lo que la decencia tolera, que se modifiquen y hagan leyes con intención torcida, como reforzar y concentrar el poder eliminando contrapesos y órganos autónomos de vigilancia, control y fiscalización; favorecer la permanencia de un régimen, manoseando las leyes electorales y debilitando la oposición política; incrementar la preeminencia del Estado, debilitando al Poder Judicial mediante la elección popular manipulada de ministros, magistrados, jueces y tribunales electorales.
También, aparentar protección y beneficios sociales, con intención clientelar política; controlar a la ciudadanía, en particular a los actores políticos y líderes sociales, legalizando la obligación de entregar toda la información personal y los datos biométricos; limitar la defensa ciudadana ante actos de autoridad, limitando los alcances del amparo judicial. Todo dirigido a un solo propósito, la continuidad y consolidación del gobierno de turno, del régimen… ¡ah, no!, a veces hay otro propósito: robar.
En nuestro México lindo y querido, lo de la ley es un margallate, una maraña de proporciones bíblicas. Tenemos una Constitución federal y 32 constituciones estatales; leyes federales, generales, nacionales y estatales (aparte de las normas municipales). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene compiladas más de 11 mil leyes, incluidos los tratados internacionales que tienen fuerza de ley. Pero no para ahí la cosa:
La SCJN resuelve asuntos y emite jurisprudencia quetiene fuerza de ley; el Semanario Judicial de la Federación consigna miles de tesis y jurisprudencias. Y no se le olvide que cada una de las 32 entidades de la república tiene su “Suprema”, que son los Tribunales Superiores de Justicia, sus máximos órganos jurisdiccionales y cada uno emite sus propias jurisprudencias. Nadie sabe cuántas hay vigentes en México, pero es un berenjenal.
Por cierto y para que vea usted como nos las gastamos en esta tierra de hombres cabales, se le hace notar que originalmente fue muy de dudar la legalidad de sacrosanta Constitución de 1917, digo, en rigor.
Para abrir boca fue elaborada por un Congreso Constituyente elegido a balazo limpio, se entiende era la Revolución, pero el fundamento (léalo en el encabezado de la Constitución), es un decreto de Venustiano Carranza en su calidad de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, o sea, legalmente, nada, un señor a caballo con pistola, nada más. Y peor, don Venus promulgó la Constitución conforme al cargo que él mismo se otorgó desde 1914, de “Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación”. Chulada de máiz prieto. Un mes y pico después ya fue elegido Presidente (el 11 de marzo de 1917).
Muy bien, hay cosas que solo se pueden hacer así. El punto es que dan ternura la mayoría de nuestros políticos de ogaño, cuando se llenan la boca y sacando pecho, engolan la voz y dicen “la Constitución de 1917”, como si la hubieran leído alguna vez (duda fundada a la vista de los tiempos que corren), como si la respetaran, que no la respetan, nada más recapacite que de 1917 a la fecha, la han modificado, reformado y deformado, 315 veces (tiene 136 artículos): al 1 de febrero de 2024, iban 256 reformas y doña Sheinbaum le ha metido mano otras 59 veces, dicho por el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, a uno no le reclamen.
Así las cosas, resulta que nuestro Estado de derecho, es algo cambiante y enrevesado, no solo por el continuo manoseo de la Constitución federal, sino de las 32 constituciones de las entidades, aparte del galimatías de leyes en que está enredado el país.
Y luego se asombran algunos de las quejas de los inversionistas mexicanos y extranjeros que sí quieren traer su dinero a México, pero demandan un Estado de derecho que no sea puro vacilón, que les garantice la seguridad de sus inversiones, con el agravante de la reforma al Poder Judicial que los dejó con la boca abierta: no hay país en el mundo que se haya atrevido a semejante barbaridad. Y ya ve, el gobierno, tan fresco. Total.
Ayer mismo se ratificó la vocación al despelote del gobierno federal (de los estados, otro día comentamos).
A la mañana siguiente de que la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reformas constitucionales en materia político-electoral, la dama del bastón de caramelo, muy orgullosa de esa derrota que para ella es triunfo (se solicita información), anunció que hoypresentará a la Cámara de Diputados otra iniciativa de reforma constitucional, el Plan B, ahora para bajarle los sueldos a todos los diputados de las entidades de la república y para meterle tijera a los cabildos de todos los 2,478 municipios del país (contando las16 alcaldías de la CdMx).
La doñita del segundo piso, ahora va a dejar trinando a todos los congresos y todos los municipios del país.
¡Ay, Presidenta!, como tía Rita, como en el chiste aquél… ¡otra oportunidad!
