* Ortiz calificó la restricción como “ridícula”, mientras que Noroña advirtió que seguirá llamando a votar pese a posibles sanciones.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe la promoción gubernamental de la elección judicial del 1 de junio. Ambos calificaron la medida como excesiva y afirmaron que limita la difusión de un proceso inédito en México.
Ortiz Ahlf argumentó que el acuerdo del INE es “ridículo”, pues restringe la difusión de un mecanismo de elección sin precedentes en el país. Señaló que los Poderes de la Unión han participado en la reforma judicial y, por lo tanto, deberían informar a la ciudadanía sobre sus características. La ministra consideró que la promoción de la elección debe ser amplia y plural.
Por su parte, Fernández Noroña afirmó que continuará llamando a la ciudadanía a participar en la elección judicial, independientemente de la decisión del Tribunal. “Si el INE me quiere multar, que vayan pidiendo la incautación de mi dieta, porque no voy a dejar de hacerlo”, declaró. Además, acusó que algunos consejeros del INE buscan afectar la elección con restricciones innecesarias.
El acuerdo del INE impide que cualquier dependencia del gobierno federal, así como los poderes Ejecutivo y Legislativo, promuevan la participación en la elección. Esta medida también aplica a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no podrá abordar el tema en sus conferencias matutinas. Legisladores de Morena presentaron impugnaciones adicionales en contra de esta restricción.
Fernández Noroña adelantó que el Senado implementará otras estrategias para informar a la ciudadanía sobre la elección sin incumplir la normativa electoral. Entre ellas, mencionó la colocación de lonas, la distribución de volantes y diversas campañas de difusión. Asimismo, denunció que desde la oposición existe una campaña para desmovilizar el voto y generar incertidumbre sobre el proceso.
El TEPJF será el encargado de resolver las impugnaciones presentadas y determinar si el gobierno podrá participar en la difusión del proceso electoral. Mientras tanto, la polémica en torno a la veda sigue creciendo, con voces en el oficialismo sosteniendo que la restricción afecta la transparencia de la primera elección judicial en México.
