* Andrea Pochack, relatora para México de la CIDH, enfatizó la necesidad urgente de contrarrestar la creciente influencia del crimen organizado en la región.
Redacción / Alfaro Noticias
En una audiencia pública sobre derechos humanos celebrada recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó profunda preocupación por la escalada de violencia en el estado de Chiapas, señalando la insuficiencia de los esfuerzos gubernamentales para contener este problema. Andrea Pochack, relatora para México de la CIDH, subrayó la necesidad urgente de políticas más enérgicas y efectivas para abordar la violencia que afecta a la región.
Durante la misma sesión, se destacó que la situación en Chiapas no solo incluye actos de violencia generalizada, sino también un control cada vez mayor del crimen organizado sobre diversos territorios. La sociedad civil ha denunciado restricciones a las actividades económicas, extorsiones y desapariciones forzadas, lo cual ha contribuido al desplazamiento de miles de personas y al abandono de comunidades enteras.
En otro frente, la Unión Europea, junto con Noruega y Suiza, han emitido una condena enérgica por el reciente asesinato del periodista Víctor Morales en Chiapas. Morales, editor del portal Realidades, fue encontrado muerto tras haber sido reportado como desaparecido días antes. Las delegaciones diplomáticas han instado a las autoridades mexicanas a investigar a fondo y esclarecer cualquier posible vínculo del crimen con la labor periodística de la víctima.
“Reconociendo los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para esclarecer los últimos casos de asesinatos, así como prevenirlos, reiteramos nuestra gran preocupación sobre el nivel de impunidad en casos de periodistas asesinados en México en años anteriores y nuestro llamamiento para que se identifiquen y juzguen a los responsables tanto materiales como intelectuales de todos estos asesinatos”, precisaron.
Las organizaciones internacionales han hecho un llamamiento urgente para garantizar entornos seguros y protegidos donde los periodistas puedan informar libremente sin temor a represalias.
En respuesta, las autoridades mexicanas han reafirmado su compromiso para investigar este y otros casos relacionados con la violencia contra periodistas, destacando la implementación de mecanismos de protección y el diálogo continuo con la sociedad civil para mejorar la seguridad de los defensores de derechos humanos y los comunicadores.
