* Denunciaron que el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales busca desacreditar a la Colectiva Cereza y a su coordinadora, Patricia Aracil.
* Amnistía Internacional exigió el cese de la estigmatización y la garantía de su labor como defensora de derechos humanos.
Daniela Alfaro
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas ha lanzado declaraciones que buscan desacreditar el trabajo de la Colectiva Cereza y de su coordinadora, la defensora Patricia Aracil. Afirmaron que el funcionario hizo alusión a una supuesta acta administrativa en su contra, sin proporcionar información clara sobre su naturaleza o estatus legal.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos señalaron que este acto podría tratarse de un registro de atención vinculado a hechos ocurridos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (CERSS 5), y advirtieron sobre la posibilidad de que se utilice como vía para judicializar a la activista.
Amnistía Internacional también se pronunció al respecto y condenó las declaraciones del subsecretario, a quien llamó a detener los actos de estigmatización y criminalización contra la Colectiva Cereza y su coordinadora. Además, exigió al gobierno estatal que garantice la protección de Patricia Aracil y su derecho a ejercer la defensa de los derechos humanos.
La Colectiva Cereza es una organización que brinda acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres privadas de libertad en Chiapas, además de realizar acciones orientadas a mejorar sus condiciones de reclusión. Patricia Aracil ha acompañado casos que han tenido alta visibilidad pública, lo que, de acuerdo con las organizaciones firmantes, la ha colocado en una situación de riesgo frente a las autoridades.
Las organizaciones firmantes expresaron preocupación por el uso del poder institucional para desacreditar a defensoras de derechos humanos y alertaron sobre los efectos que estas acciones pueden tener en el ejercicio de su labor. Solicitaron el cese inmediato de cualquier acción dirigida a obstaculizar el trabajo de la colectiva o a judicializar a su coordinadora.
