* La organización Familias Unidas exigió al Estado cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Redacción / Alfaro Noticias
Integrantes de la organización Familias Unidas Contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos realizaron un encuentro en San Cristóbal de Las Casas los días 28 y 29 de junio, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En su pronunciamiento, reiteraron su rechazo a la persistencia de esta práctica en Chiapas y otras regiones del país, así como su compromiso por fortalecer la denuncia colectiva.
Las y los participantes del encuentro señalaron ser familiares, víctimas o personas sobrevivientes de tortura, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios y comunidades campesinas. Afirmaron que las agresiones comenzaron desde el momento de la detención, con actos como amenazas, intimidaciones y violencia física, en condiciones que calificaron como tratos crueles e inhumanos.
De acuerdo con su testimonio, los actos de tortura habrían ocurrido en vehículos oficiales, terrenos baldíos, casas abandonadas e incluso dentro de instalaciones de procuración de justicia. Indicaron que estos espacios se han convertido en zonas donde prevalece la impunidad y no existe supervisión independiente.
Familias Unidas expresó su preocupación por casos específicos de personas privadas de la libertad, como Rigoberto Vázquez Méndez, Freddy y Jeison Miguel Martínez Jiménez, Yonny Ronay Chacón González, Pedro Pérez Jiménez, Versain Velasco García y Jorge López Montoya, quienes, según la organización, fueron detenidos con violencia y sometidos a tortura psicológica. También mencionaron a Francisco Espinosa Hidalgo, quien fue liberado tras pasar cuatro años en prisión y actualmente busca reparación del daño.
La organización recordó que México es firmante de convenios internacionales como la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, por lo que el Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar estos actos. Sin embargo, consideraron que la respuesta oficial ha sido insuficiente y que la tortura continúa utilizándose como herramienta para fabricar culpables.
Finalmente, Familias Unidas hizo un llamado a las autoridades para garantizar la integridad física y psicológica de las personas recluidas en centros penitenciarios, y solicitó el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales. También convocaron a otras víctimas a denunciar y a los medios de comunicación a seguir difundiendo estas denuncias.
