* Organizaciones internacionales exigieron su liberación inmediata y reparación integral.
Redacción / Alfaro Noticias
A dos meses de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyera que la detención de cinco defensores tzeltales en Chiapas violó el derecho internacional, el caso volvió a tomar fuerza con el respaldo público de diversas organizaciones internacionales que exigen su liberación inmediata, reparación del daño y el inicio de investigaciones contra los responsables.
Los indígenas Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco fueron condenados a 25 años de prisión por homicidio, tras la muerte de un hombre retenido en su comunidad en 2022. El Grupo de Trabajo determinó que su proceso estuvo marcado por graves irregularidades, como la falta de presentación ante un juez, desaparición forzada durante las primeras 24 horas, y la ausencia de intérpretes en lengua tzeltal durante el juicio.
En su análisis, la ONU sostuvo que la privación de la libertad tuvo un carácter discriminatorio, vinculado a su origen indígena y a su participación en la defensa del territorio frente a proyectos de infraestructura y militarización. También observó inconsistencias en las pruebas, necropsias con anomalías y peritajes realizados por personal sin acreditación profesional.
Frente a este panorama, al menos nueve organizaciones internacionales de derechos humanos se sumaron a la exigencia de justicia. Entre ellas se encuentran Amnistía Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders, el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, The Indigenous Peoples Rights International y la Organización Mundial Contra la Tortura.
Coincidieron en que la privación de la libertad de los defensores constituye una detención arbitraria y una forma de criminalización por motivos políticos y culturales. Exigieron al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la ONU, garantizar el debido proceso y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
