* El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que su encarcelamiento carece de fundamentos legales y constituye discriminación
Redacción / Alfaro Noticias
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado mexicano la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, defensores indígenas tseltales de San Juan Cancuc, quienes permanecen recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5 en San Cristóbal de Las Casas, desde hace más de tres años.
En su Opinión 21/2025, publicada en mayo, el organismo internacional determinó que la detención fue arbitraria al carecer de sustento jurídico, derivar del ejercicio de derechos humanos, estar marcada por un proceso judicial parcial y sustentarse en prácticas discriminatorias.
Los cinco hombres fueron detenidos en mayo de 2022 en San Juan Cancuc y en San Cristóbal de Las Casas, tras la muerte de un policía municipal en circunstancias que no se han esclarecido. Según la ONU, las autoridades implementaron un montaje judicial que incluyó cargos fabricados por posesión de drogas y una orden de aprehensión emitida antes de ser solicitada formalmente por la Fiscalía.
El Grupo de Trabajo también señaló que tres de los detenidos estuvieron incomunicados durante 24 horas, lo que constituye desaparición forzada, y que en el proceso no se les facilitó intérprete a pesar de que su lengua materna es el tseltal, lo que refleja prácticas de discriminación y racismo.
Los defensores habían participado en la oposición a la autopista San Cristóbal de Las Casas–Palenque y a la militarización en la región. La ONU subrayó que su encarcelamiento responde a un patrón de criminalización contra comunidades indígenas que defienden el territorio frente a megaproyectos y la presencia de fuerzas armadas.
El organismo recordó que México tiene la obligación de cumplir con los compromisos internacionales y señaló que la liberación debe ir acompañada de un plan de reparación integral y una investigación independiente sobre el caso.
El comunicado que dio a conocer esta decisión fue firmado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ACAT Francia, Frontline Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) e International Peace Research Institute (IPRI).
