ONU lleva crisis de desapariciones a la Asamblea General; colectivos promueven frente común
* Familias y organismos de derechos humanos llaman a fortalecer la política pública y mantener apertura al escrutinio internacional ante la magnitud del problema
La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de someter la situación de México a la Asamblea General abrió un nuevo escenario internacional frente a la crisis de desapariciones en el país, que ha generado reacciones tanto de colectivos de víctimas como de organismos públicos de derechos humanos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México consideró que esta medida representa una oportunidad “histórica” para impulsar estrategias más eficaces de búsqueda, investigación y sanción, además de fortalecer la cooperación internacional. El colectivo señaló que, pese a algunos avances institucionales, los resultados han sido insuficientes ante el incremento de casos y la persistente impunidad.
De acuerdo con datos citados por la organización, entre enero de 2023 y abril de 2025 se reportaron más de 28 mil desapariciones, mientras que en el país se han localizado más de 4 mil 500 fosas clandestinas y existen cerca de 72 mil restos humanos sin identificar hasta inicios de 2026.
Las familias agrupadas en el movimiento subrayaron que el objetivo central sigue siendo la localización de las personas desaparecidas y su regreso a casa, por lo que insistieron en retomar el diálogo con el gobierno federal y en construir una política pública con su participación directa.
En el mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México consideró que la decisión del organismo internacional puede fortalecer una política integral de Estado, con mayor coordinación entre autoridades y resultados efectivos en la atención a víctimas. El organismo destacó la necesidad de garantizar verdad, justicia y medidas de no repetición frente a un fenómeno que calificó como un desafío urgente.
El Comité de la ONU determinó llevar el caso mexicano ante la Asamblea General tras concluir que existen indicios de que las desapariciones forzadas se han cometido de forma persistente y en condiciones de impunidad, aunque aclaró que no encontró evidencia de una política federal sistemática para perpetrarlas.
La resolución también ha generado posturas encontradas. Mientras organizaciones civiles respaldaron la intervención internacional, el gobierno federal rechazó el informe al considerarlo parcial y defendió los mecanismos implementados en los últimos años. Por su parte, organismos internacionales y colectivos han insistido en mantener la apertura al escrutinio externo como vía para atender una crisis que, coinciden, sigue en aumento.
