* El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ordenó la liberación de cinco presos de San Juan Cancuc y pidió reparación integral por las violaciones a sus derechos
Redacción / Alfaro Noticias
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc, presos desde junio de 2022, forma parte de un patrón de criminalización contra pueblos indígenas en Chiapas, por lo que ordenó al Estado mexicano liberarlos de manera inmediata.
En la Opinión 21/2025, publicada el 17 de mayo, el organismo concluyó que los detenidos fueron privados arbitrariamente de su libertad y que las autoridades no respetaron el debido proceso. Subrayó que enfrentaron discriminación por su condición indígena y por su labor como defensores de la tierra y el territorio.
Además de la liberación inmediata, la ONU pidió una reparación integral, así como una investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones cometidas y sanciones a los responsables. El Estado mexicano tiene un plazo de seis meses para informar si cumplió con estas disposiciones.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que ha acompañado jurídicamente el caso, documentó irregularidades como desaparición forzada, incomunicación, fabricación de pruebas, deficiencias en la traducción y falta de imparcialidad judicial. Por estas razones, el organismo remitió el expediente al Grupo de Trabajo de la ONU.
Los presos de Cancuc también se pronunciaron desde el penal de San Cristóbal de Las Casas, donde exigieron su libertad y denunciaron la fabricación de delitos en su contra. Paralelamente, colectivos solidarios señalaron que su detención ocurre en un contexto de represión hacia comunidades indígenas que se oponen a megaproyectos y a la militarización en la región.
