* La madre de la víctima solicitó la intervención del gobernador al acusar que, pese a existir pruebas, el Ministerio Público no ha judicializado la carpeta iniciada en abril de 2025
Redacción / Alfaro Noticias
La madre de una médica interna de pregrado denunció presunta dilación e inacción por parte de la Fiscalía del Ministerio Público del distrito judicial de Tonalá en la integración de una carpeta de investigación por hostigamiento sexual contra dos médicos adscritos al Hospital Juan C. Corzo, en ese municipio costero.
De acuerdo con el escrito fechado el 16 de febrero de 2026 y dirigido al gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, la denuncia penal fue presentada el 22 de abril de 2025 por hechos que, según se argumenta, encuadran en el delito de hostigamiento sexual previsto en el Código Penal del estado.
Según el documento, la presunta víctima realizaba su internado en el hospital y mantenía una relación de subordinación jerárquica y académica respecto de los señalados. En la etapa inicial de la investigación se habrían aportado diversos datos de prueba, entre ellos la declaración de la afectada, testimoniales, mensajes y comunicaciones, documentos que acreditan la relación de supra-subordinación, así como constancias médicas y psicológicas.
La promovente sostiene que, pese a la existencia de elementos que acreditan la posible comisión del delito y la probable participación de los imputados, el Ministerio Público no ha solicitado audiencia inicial ante un juez de control, lo que considera una negativa implícita a judicializar la carpeta.
En el escrito, la madre de la denunciante argumenta que la omisión vulnera el derecho de acceso a la justicia y el derecho de la víctima a una investigación pronta y diligente, además de contravenir los principios de debida diligencia reforzada en casos de violencia de género y compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Asimismo, advierte que la inactividad procesal podría generar revictimización y propiciar un entorno de impunidad dentro de una institución pública de salud.
Como parte de su petición, solicita que se instruya a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que informe las razones jurídicas de la demora y que se adopten medidas de protección para evitar posibles represalias contra la víctima. También señala que, de persistir la omisión, se presentarán quejas ante organismos estatales y nacionales de derechos humanos e incluso se podría solicitar la atracción del caso a instancias federales si se configura violencia institucional sistemática.