RODULFO REYES
Sin contrapesos por lo aparatoso de la victoria del 1 de julio de 2018 de la llamada ‘Cuarta transformación’, sobre la bancada de Morena pende la responsabilidad de aprobar o desautorizar la cuenta pública del año pasado del exgobernador Arturo Núñez Jiménez: el PRD apoya a este y la fracción del PRI es tan exigua que virtualmente es inexistente.
La declaración del viernes anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que no se iba a perseguir al anterior mandatario, abrió el debate sobre la calificación del último ejercicio fiscal de aquel.
El diputado morenista Rafael Elías Sánchez Cabrales fue el primero en salir a aclarar que la postura de AMLO, durante la conferencia mañanera del pasado fin de semana realizada en la 30 Zona Militar de Villahermosa, no es “línea” para el régimen, pues si durante la revisión el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) encuentra anomalías, su partido pedirá las investigaciones del caso.
A decir verdad nadie cree que le finquen responsabilidades al extitular del Ejecutivo ni a su esposa Martha Lilia López Aguilera, a quien se podría punir en virtud de que su marido modificó a principios de su gobierno la Constitución local para que ella adquiriera el rango de funcionaria, y su cargo en el DIF no fuera solo honorífico.
Núñez Jiménez está por empezar a dar clases en una universidad de España. En teoría no enfrenta ninguna imputación penal por parte de las nuevas autoridades. Se sabe que solo hay señalamientos en contra de sus colaboradores.
Las irregularidades encontradas en su gestión se han conocido por boca de su antecesor, el morenista Adán Augusto López Hernández, quien ha denunciado en diversas fechas anomalías que podrían constituir algún delito.
La defensa que de Núñez hizo el mandatario del país hace unos días ha enredado a muchos: las declaraciones del actual gobernador en contra de la administración anterior hacían creer a los tabasqueños que, finalmente, se iba a procesar al perredista que ya radica en España.
A condición de mantener el anonimato, legisladores del partido en el poder aseguraron al reportero que van a rechazar la cuenta del ejercicio pasado, aunque les sugiriera lo contrario.
Y aunque se reprobara la cuenta, existen casos de expresidentes municipales que nunca fueron a la cárcel, pese a que en su momento el Congreso local hizo constar que habían incurrido en hechos de posible carácter delictuoso.
El caso más emblemático es el de José Eduardo Rovirosa Ramírez, quien fue alcalde de Macuspana en los trienios 2003-2006 y 2015-2018.
Desde la primera vez que presidió el Ayuntamiento de la tierra de López Obrador los diputados le dieron palo a la cuenta de su último año.
Rovirosa no solo se placeó por todo Tabasco riéndose de las autoridades y de los legisladores que le desautorizaron sus gastos, sino que tiempo después volvió a competir con éxito por la silla municipal.
Así que no es una garantía de que se le vayan a fincar responsabilidades a Núñez si la diputación mayoritaria le dice no al último año de su gestión.
La muerte repentina en marzo pasado de quien fuera su tesorero, Amet Ramos Trononis, hace creer que la justicia irá contra servidores públicos de medio pelo, de los que se conocen como peces pequeños.
