* Pidieron que se consideren primero estímulos fiscales que apoyen a las compañías y prevengan el incremento de la informalidad laboral
Redacción / Alfaro Noticias
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Tuxtla) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) hicieron un llamado a las autoridades federales y legislativas para que consideren las condiciones económicas y sociales del estado antes de implementar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
En una rueda de prensa conjunta, los presidentes de ambas cámaras, Miguel Ángel Blas Gutiérrez y Francisco Lazos Morales, reconocieron la importancia de avanzar hacia mejores condiciones laborales para las y los trabajadores, pero advirtieron sobre los posibles efectos negativos de aplicar esta medida de forma inmediata y sin un análisis regional detallado.
Francisco Lazos Morales destacó que la reducción de la jornada debe incluir un diálogo abierto con los empresarios para evitar afectaciones en la competitividad, producción y rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto económico complejo como el que enfrenta Chiapas. “Debemos llegar a acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales sin perjudicar a los negocios”, señaló.
Ambos representantes coincidieron en la necesidad de que la reforma laboral sea gradual y tenga una aplicación diferenciada, que tome en cuenta el tamaño de las empresas y las particularidades del estado. Asimismo, pidieron que se consideren estímulos fiscales que apoyen a las compañías y prevengan el incremento de la informalidad laboral.
Miguel Ángel Blas Gutiérrez insistió en que las condiciones económicas locales deben ser un factor determinante para la implementación de la reforma. “No es viable que se imponga una reducción inmediata sin evaluar el impacto que puede tener en la operatividad y los ingresos de las empresas en Chiapas”, comentó.
Finalmente, los empresarios reafirmaron su disposición al diálogo y la colaboración con las autoridades para construir una reforma laboral incluyente, responsable y adaptada a la realidad regional, con miras a alcanzar los objetivos planteados para el año 2030.
