Juan Carlos Cal y Mayor
Por el bien de la propia Claudia Sheinbaum y del propio INE, la elección debe depurarse. Mientras los reclamos de la oposición se encaucen por la vía legal y no afecten los derechos de terceros como sucedió en el 2006 con el plantón de Reforma, o el intento de la bancada del PRD por obstaculizar la toma de posesión del presidente Calderón, la oposición está en todo su derecho de recurrir a las instancias legales como lo prevé la ley. En el 2006 con una cerrada elección López Obrador exigió que contaran voto por voto y casilla por casilla. No estaba previsto en la ley, pero en aquel entonces el IFE tomó la determinación política de aceptar el recuento. El ejercicio no arrojó sorpresas salvo que Calderón obtuvo aún más votos. No se anuló la elección.
TRANSPARENCIA
Se dejaba atrás aquella decisión de quemar toda la paquetería electoral del proceso electoral de 1988 en que resultó electo Salinas de Gortari. Se desterraba así la idea de que se habían sepultado pruebas de un posible fraude apuntalada por la famosa “caída del sistema” que protagonizó el entonces secretario de gobernación Manuel Bartlett. Eso dio pie a realizar una serie de reformas electorales que incluía la posibilidad de reabrir las urnas para verificar que los votos coincidieran con los conteos oficiales y despejaran toda duda respecto de la transparencia de las elecciones.
CERTEZA
Es justo lo que se reclama ahora por parte de la ciudadanía lo cual orilló a Xóchitl Gálvez a recular -después de que felicitó a Claudia Sheinbaum- y también al PAN para impugnar la elección y despejar toda duda derivada de las inconsistencias entre las actas contabilizadas y los datos del PREP. En nada abonó para la credibilidad del proceso que se cayera durante horas el PREP en la CDMX. Tampoco en que Televisa pretendiera un albazo para anunciar anticipadamente y sin aportar un solo dato el triunfo de Claudia Sheinbaum cuando el conteo de votos apenas comenzaba en la mayoría de las casillas en el país. La certeza es uno de los principios rectores de los procesos electorales y esta se vio afectada por un manejo inadecuado de la información.
BAJO PROTESTA
En este mismo espacio advertí que muchos mexicanos acudiríamos “bajo protesta” a las urnas a sabiendas de que enfrentábamos una contienda a todas luces desigual, inequitativa y con ilegalidades, con un proceso electoral adelantado por el partido en el poder, un derroche propagandístico excesivo y no supervisado, una campaña inmersa en la violencia política con decenas de asesinatos, la incursión del crimen organizado y el narcotráfico, el condicionamiento de los programas sociales, la participación de un ejército electoral de más de 20 mil funcionarios -los Siervos de la Nación- operando a favor de Morena, la injerencia absoluta del presidente, la coacción a los medios de comunicación, el ataque a la Suprema Corte, el TRIFE, el propio INE y el uso abusivo del poder en contra de los opositores. Todo ello es público, se fue documentando y denunciando oportunamente ante las instancias correspondientes -el INE y el TRIFE- sin que estas pudieran hacer valer su autoridad para imponer el orden y el respeto a la ley.
NO ES NORMAL
Por ello hay que decir que NO, NO ES NORMAL, que se asesine a personas por ejercer sus derechos políticos. No es normal que un partido inicie con tres años de anticipación un proceso interno y gaste cientos de millones de pesos en propaganda sin que podamos conocer el origen lícito de esos recursos. No es normal que el presidente descalifique personalmente a uno de los candidatos utilizando el acceso institucional de su información personal violando la protección de datos personales. No es normal que el presidente ataque frontalmente a la prensa aduciendo derecho de réplica desde la mañanera. No es normal que la Fiscalía General de la República se pase por arco del triunfo todas las denuncias presentadas por la oposición. No es normal que un partido financie toda la operación de su estructura electoral con dinero y funcionarios públicos.
IMPUNIDAD
No normalicemos la impunidad. Por eso es necesario que la oposición impugne la elección. Si bien es cierto que la ventaja de la señora Sheinbaum es abrumadora y no hay por ello ninguna posibilidad de anular la elección, también lo es que se cometieron una serie de tropelías que no pueden pasar inadvertidas. El criterio y los resolutivos de los juzgadores, en este caso el TRIFE, serán de la mayor importancia para saber a qué atenerse si es que pretenden pasar por alto todas estas irregularidades o al menos reconocerlas. Siendo así se sentará un precedente que incluso pueda derivar en una reforma electoral que adecue nuestro marco legal a la realidad.
PODER ABSOLUTO
El gran problema es que el poder absoluto que ahora hereda Claudia Sheinbaum sirva para imponer a rajatabla la visión de un pensamiento único. No ha sido costumbre de Morena y sus aliados respetar siquiera el proceso legislativo para la aprobación de leyes. Ese poder absoluto puede generar un clima de incertidumbre jurídica y descrédito político que aleje las inversiones y afecte severamente el desarrollo económico del país. Eso no le conviene a nadie y menos, al gobierno. El tratado de libre comercio con los Estados Unidos próximo a revisarse ya con Trump seguramente en el poder, comprenderá que México tenga instituciones sólidas que garanticen la libertad comercial y las inversiones. Es un pleito que no nos conviene por donde quiera que se le quiera ver.
El intercambio comercial nos ha mimetizado con la economía norteamericana. Dependemos de nuestras exportaciones e importaciones para sostener una economía sana y generadora de empleos. Tan solo de la industria automotriz dependen un millón de familias mexicanas. Además, debemos abrirnos y generar condiciones de certeza para atraer la relocalización de empresas conocidas como el nearshoring. Quiero pensar que Claudia Sheinbaum no es tonta como para poner en riesgo esa relación. De eso depende la estabilidad de su gobierno más ahora que hereda un enorme déficit presupuestal.
