* La multa es de 54 mil 285 pesos a cada consejero del INE por no acatar la suspensión del proceso electoral judicial, destinada a detener la elección de jueces y magistrados mientras se revisa la reforma judicial.
Un juez federal en Colima, Francisco Javier García Contreras, impuso una multa de 54 mil 285 pesos a cada consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) por no acatar una suspensión que frenaba el proceso electoral judicial 2024-2025. La medida cautelar se emitió en septiembre para detener la elección extraordinaria de jueces y magistrados mientras se revisa la constitucionalidad de la reforma judicial, pero el INE justificó su avance en el proceso amparándose en resoluciones del Tribunal Electoral y la Suprema Corte.
El juez señaló que, a pesar de los argumentos del INE, la orden de suspensión sigue vigente y debe ser respetada. Ante el desacato, el magistrado advirtió que la multa se hará efectiva de inmediato y que, de continuar sin cumplir la resolución, los consejeros enfrentarán una nueva sanción. Además, se dará vista al Ministerio Público para investigar posibles delitos de desacato, que podrían incluir penas de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La resolución del juez también establece que el INE deberá abstenerse de emitir cualquier acuerdo sobre organización, vigilancia y desarrollo del proceso judicial. García Contreras reiteró que el instituto tiene 24 horas para acatar la orden y suspender todas las actividades relacionadas con la elección, subrayando que el incumplimiento se considerará una violación a la Ley de Amparo.
Asimismo, el juez ordenó al Senado abstenerse de emitir convocatorias para integrar las listas de candidatos para el proceso judicial y de ejecutar cualquier disposición relacionada con la reforma que esté en revisión. Esta medida busca evitar que se avance en la designación de nuevos jueces y magistrados hasta que se resuelva la controversia en los tribunales.
El fallo judicial también afecta al Consejo de la Judicatura Federal y a los congresos estatales, a quienes se les instruyó no hacer modificaciones legales o administrativos en respuesta a la reforma judicial, a fin de prevenir su implementación anticipada.
