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Mujeres indígenas acuden a sus propias autoridades pero el estado las excluye

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Carlos Álvarez

De acuerdo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU las mujeres en Chiapas experimentan en su propia piel diferentes niveles de discriminación: por ser el simple género, por ser indígenas, pobres y por su origen rural, incluso conforme a las fuentes oficiales los índices de mortalidad derivados de la maternidad aumentan el doble entre las mujeres indígenas y las no indígenas. El gobierno mexicano es el encargado de intervenir en la violencia estructural, sin embargo, en Chiapas existe una invalidación por parte del Estado Mexicano a los sistemas normativos indígenas, dejando la impartición de la justicia ambivalente, pues ni el estado interviene ni deja intervenir.

El estado ha limitado el funcionamiento de los organismos de justicia indígenas, ya sea través del presupuesto o por la falta de reconocimiento, generando imposibilidades en cuanto a la resolución de expectativas de justicia de las mujeres indígenas. CERD recomendó que el sistema de justicia del estado debe ir encaminado en un crecimiento mutuo con el sistema indígena.

Después que el Comité emitiera varias recomendaciones a México en torno a la discriminación racial prevaleciente en el territorio, principalmente en el sector indígena, más concretamente en las mujeres, el INPI o el secretariado de gobierno se han pronunciado al respecto. Son varias preocupaciones, pero son dos de las principales, al menos en Chiapas: la primera es el Tren Maya, proyecto Andrés Manuel López Obrador que ha pasado por alto los procesos de consulta y la segunda son todas las derivadas de índole racial, como la pobreza, los desplazamientos forzados y la falta del acceso a la educación.

CERD señala que Chiapas es el estado con más desplazamientos, teniendo incluso al mayor desplazamiento forzado, tratándose de Chalchihuitán en el que 20 mil 390 personas se vieron afectadas. CERD destaca este caso pues es un ejemplo de la falta de registros de documentos. A pesar de que las autoridades no se empeñan por registrar las actuaciones de los grupos armados, existen registros de los agravios, causas y actuaciones de grupos armados en Chalchuhuitán, Chenalhó y Aldama por parte del Centro Frayba.

El CERD emitió una versión avanzada el 29 de agosto donde reconocía las reformas realizadas para prevenir y eliminar la discriminación en junio de 2018, a aprobación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 y la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018. Por otro lado, el Comité señala que no existan actos punibles a acciones de discriminación racial.

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