Héctor Estrada
El extraño accidente aéreo en el que perdieron la vida Rafael Moreno Valle y su esposa, la actual gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, desató de inmediato una avalancha de especulaciones, oportunismo político y teorías de conspiración que de pronto han intentado convertir en víctimas a dos turbios personajes cuyos antecedentes no tienen nada de heroico. Bien dicen por ahí, que “no hay muerto malo”
Moreno Valle y su heredera política, Martha Erika Alonso, convirtieron durante los últimos siete años al gobierno de Puebla en una verdadera pesadilla de autoritarismo, violaciones a los Derechos Humanos y corrupción. Sobre Rafael Moreno pesan un sin fin de acusaciones sobre sus presuntas vinculaciones con grandes traficantes de combustibles que aún operan en el centro del país.
La detención en 2017 de Othón Muñoz Bravo, dueño de gasolineras en Puebla y líder de una importante banda dedicada al robo y tráfico de combustibles, fortaleció las acusaciones contra el ex gobernador poblano. Los nexos públicos con Muñoz Bravo y sus relaciones financieras con la familia Moreno Alonso colocaron a Rafael en el foco de investigaciones que aún no concluyen.
En 2014 el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que la empresa Grupo Higa, famosa por ser la encargada de la “casa blanca” de la ex primera dama Angélica Rivera, construiría el Museo Internacional Barroco en Puebla. Una obra que además tuvo un costo de 7 mil 280 millones 933 mil pesos, considerada de las más costosas durante el mandato de Moreno Valle.
En 2015 su gobierno fue acusado de grave omisión al negarse a intervenir en el linchamiento de dos encuestadores universitarios en el municipio de Ajalpan. En ese entonces, el propio presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE) en Puebla, Francisco Romero Serrano, responsabilizó a Rafael Moreno de la ola de violencia e ingobernabilidad que afectaba a la entidad.
Sin embargo, el mayor escándalo se suscitó en 2014 con la aprobación e implementación de la denominada “Ley Bala”, promovida por Moreno Valle. La ley, consistente en la legalización del “Uso Legítimo de la Fuerza Pública”, desató una tragedia en julio de ese mismo año cuando la fuerza policiaca estatal reprimió violentamente una manifestación en Chalchihuapan, provocando la muerte de un niño y otros hospitalizados de gravedad.
El negro historial de Rafael Moreno lo persiguió hasta el día de su muerte. El uso de recursos públicos parar financiar campañas de controversiales políticos como Manuel Velasco Coello y su propia campaña por la candidatura presidencial, los más de 240 casos de feminicidios sin esclarecimiento y el presunto fraude electoral cometido para imponer a su esposa Martha Erika como su sucesora en la gubernatura, se convirtieron en parte sus expedientes turbios.
Si de exigir justicia se trata, como muchos de sus serviles y aliados vociferaron en su funeral, también se debería reabrir las investigaciones para las verdaderas víctimas de su gobierno. Rafael Moreno Valle y su esposa eran personajes políticos en franca picada que no representaban otra amenaza más que la corrupción que arrastraban a cuestas. Pensar que su muerte tiene que ver con una conspiración para vengar la derrota de Barbosa y sacarlos del mapa resulta francamente una especulación bastante básica y poco factible para un gobierno que apenas inicia, con enemigos políticos mucho más importantes que los decadentes caciques poblanos.
¿A quién beneficia propagar la idea de que Andrés Manuel López Obrador puede ser responsable semejante accidente? Es una pregunta que puede generar respuestas mucho más interesantes. Con todo y los evidentes errores cometidos por la denominada 4ª Transformación, pensar que López Obrador se mancharía las manos con la muerte de dos políticos en decadencia, por cierto, también enemigos del grupo Atlacomulco y varias figuras priistas, sería caer en un juego de oportunismo puro e intereses mezquinos… así la cosas.
