Morena y aliados endurecen Reforma Judicial con cambios radicales en la Suprema Corte y el TEPJF
* La reforma prevé la renovación completa de la Suprema Corte en junio de 2025, reduciendo el número de ministros y acortando sus periodos de servicio.
Diputados de Morena, junto con sus aliados del PT y PVEM, han introducido más de 100 modificaciones a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los cambios refuerzan aspectos clave de la propuesta original y endurecen diversas características del sistema judicial en México, apuntando a una reestructuración significativa del Poder Judicial.
Uno de los ajustes más relevantes es la renovación completa de la Suprema Corte de Justicia en junio de 2025. Conforme a las modificaciones, la presidencia del máximo tribunal se asignará al ministro que obtenga más votos en una elección directa, mientras que el número de integrantes se reducirá de 11 a 9, y sus periodos de servicio se acortarán de 15 a 12 años. Además, se plantea la implementación de un mecanismo de selección aleatoria, conocido como “tómbola”, para determinar a los aspirantes en casos de alta competencia.
El financiamiento para la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros, prevista para junio de 2025, será cubierto con recursos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial, los cuales fueron eliminados por el Congreso pero están en litigio. Este proceso electoral renovará todos los cargos vacantes en la Suprema Corte, así como en otros tribunales, y se espera que garantice una mayor transparencia y legitimidad en la designación de las autoridades judiciales.
Dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la reforma contempla la extensión en el cargo hasta 2027 de los cinco magistrados actuales. Esta medida busca evitar conflictos internos durante la gestión de los procesos electorales extraordinarios de 2025. Asimismo, se establece que las presidencias del TEPJF y de la Suprema Corte serán rotativas cada dos años, asignadas a los magistrados que obtengan mayor votación en las urnas.
La reforma también crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para investigar y sancionar a jueces y magistrados por faltas graves o delitos. Esta instancia podrá ordenar medidas cautelares y sancionar a los funcionarios judiciales, aunque no tendrá la capacidad de destituir o inhabilitar a ministros y magistrados electorales.
Finalmente, las modificaciones prohíben la creación de nuevos fideicomisos dentro del Poder Judicial y restringen la suspensión de normas a través de controversias y amparos. Las elecciones judiciales estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), que contará con facultades especiales para asegurar un proceso organizado, legal y transparente.
