Ciudad de México, 27 JUN.-Al iniciar en la Cámara de Diputados el foro sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han manifestado su desacuerdo sobre la elección por voto popular de las personas juzgadoras.
Este jueves iniciaron los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, foro en el que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo refirió que la transformación del Poder Judicial de la Federación tiene un esquema en el que los juzgadores sean elegidos por el voto directo de la ciudadanía, pero que él no comparte que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los derechos constitucionales, ni garantiza la independencia y autonomía de los tribunales federales.
Añadió que sustituir de esa forma a más de mil 600 juzgadores federales, así como a los ministros de la SCJN “generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”.
Resaltó que en trámite se encuentran procesos judiciales, además de que corren plazos para definir la situación jurídica de las personas. Por ello, sugirió que la sustitución de juzgadores se haga de manera gradual y escalonada, “atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa”.
Por su parte, el ministro Javier Láynez Potisek expresó que la elección por votación popular de los juzgadores “no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal”, y expresó su temor que, por el contrario, pueden agravarlos.
Agregó que el método de elección popular, por su propia naturaleza, busca generar un compromiso con el elector, mientras que el cargo de juzgador “no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución, y estará más propicio a la corrupción y al conflicto de interés.
Como era de esperarse, Yasmín Esquivel Mossa se manifestó a favor de la elección de los juzgadores frente a la nueva realidad tras las recientes elecciones. Así, dijo que “requerimos jueces por elección popular, sí, y quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar”.
En su turno, Lenia Batres fue demagógica: “Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”.
La autodenominada “ministra del pueblo” añadió que no es el Poder Judicial que merece el pueblo mexicano, y que la propuesta presidencial “democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general”.
Hizo una propuesta complementaria: “Limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte”. Y al final de su intervención recibió porras.
Para Juan Luis González Alcántara Carrancá expresó, tajante, que la reforma “no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal ni muchísimo menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas”.
Criticó que en la propuesta de elección la convocatoria no sea abierta porque los candidatos serían postulados por los tres poderes de la Unión. Dijo que se dejan de lado la carrera judicial, el mérito y la experiencia, con lo que se están politizando los nombramientos porque los candidatos serían pasados por un filtro político.
Otro problema que hizo notar es que la ciudadanía vota por propuestas, pero no evalúa resultados. Pr ello preguntó su queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro u otra que nos permita evaluar el desempeño pretérito. Y se pronunció para que no sean reemplazados los concursos para acceder a los cargos.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena puso el énfasis sobre las consecuencias de la reforma para la economía nacional, y dijo que un cambio mal hecho afectará a esta.
Sobre el modelo de elección popular, dijo que “es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”.
En ese sentido, se pronunció por una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya existe, porque es superior debido a que los jueces que resultan seleccionados “tienden a tomar decisiones más consistente y previsibles para ascender en la carrera judicial”.
Alberto Pérez Dayán se manifestó contra la sobrerrepresentación legislativa y por el respeto a la expresión de la voluntad popular. Y fue muy claro respecto al aspecto más polémico de la reforma: “La carrera judicial implica un servicio civil de excelencia; la militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen”.
“La división de poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos; México no debe ser la excepción”, afirmó Pérez Dayán.
La ministra Loretta Ortiz se centró en la elección de los ministros de la SCJN, y dijo que en los procesos de selección “deben asegurar, como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional”. Con información Revista Etcétera.
