* Piña reconoció la incertidumbre que viven actualmente y enfatizó la importancia de defender el equilibrio de poderes y los derechos de los empleados.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, se dirigió a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para asegurarles que se están tomando medidas para proteger sus derechos laborales frente a la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Piña reconoció la incertidumbre que viven actualmente y enfatizó la importancia de defender el equilibrio de poderes y los derechos de los empleados del sector judicial.
Piña destacó que el Poder Judicial está dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de los derechos laborales de sus trabajadores. “Estamos trabajando incansablemente para asegurar que sus derechos sean protegidos”, declaró, subrayando la necesidad de unidad y compromiso durante estos tiempos de cambios propuestos.
Las declaraciones de la ministra se producen en un contexto de protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial, quienes han cerrado tribunales en rechazo a la reforma. Esta incluye la elección directa de jueces y magistrados, lo cual ha generado preocupación por la estabilidad laboral de más de 127 mil personas. El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial, liderado por Juan Alberto Prado Gómez, ha manifestado su desacuerdo con la reforma y ha exigido ser incluidos en los foros de discusión.
El 25 de junio, los magistrados de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito también se pronunciaron al respecto, subrayando la necesidad de mantener la especialización y autonomía del Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución. “Nuestra labor requiere de gente preparada; olvidemos este propagandismo populista”, declaró el magistrado Reynaldo Reyes Rosas.
La reforma judicial propuesta plantea la salida anticipada de jueces y magistrados federales, así como de los ministros de la Corte, para ser sustituidos por otros electos mediante voto popular. Este proceso podría costar aproximadamente 22 millones de pesos y generar miles de demandas laborales por parte de quienes tendrían que dejar sus puestos anticipadamente, exigiendo el pago inmediato de sus seguros de separación y otras prestaciones derivadas de la violación de sus derechos laborales.
Ante esta situación, Piña reafirmó su compromiso con la misión constitucional del Poder Judicial: “Hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes”. Asimismo, agradeció la dedicación y compromiso de los trabajadores del PJF, invitándolos a actuar con integridad y convicción mientras se enfrentan estos desafíos.
