* Exigen atención urgente a la corrupción y violencia del crimen organizado que los afecta, acusando a las autoridades de complicidad y negligencia.
Daniela Alfaro
Activistas y migrantes en Tapachula, han exigido atención inmediata ante el aumento de la corrupción y la violencia en la región, atribuidas al crimen organizado. José Gildardo Galdámez Peregrino, presidente del Colegio de Abogados de Migración y Derechos Humanos de México, señaló que desde el 23 de agosto, cuando Estados Unidos permitió a los migrantes gestionar citas de asilo en Chiapas y Tabasco, las extorsiones y fraudes han aumentado, afectando gravemente a los indocumentados.
Carlos Manuel Sanabria, migrante hondureño, denunció que, durante su tránsito por México, los migrantes enfrentan asaltos, secuestros y robos. Afirmó que la violencia se intensifica después de cruzar el río Suchiate, donde el crimen organizado controla la zona y los mantiene en condiciones precarias. La corrupción y la impunidad han agravado la crisis, dejando a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad extrema.
A esta problemática se suman acusaciones directas contra las autoridades locales. Según testimonios, algunos migrantes han sido secuestrados por funcionarios estatales y delincuentes, quienes los retienen en casas de seguridad y les exigen sumas que van desde 200 hasta mil dólares para ser liberados. Estas denuncias incluyen desapariciones de personas que intentaron grabar las condiciones de los cautiverios.
Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, criticó el incumplimiento del Instituto Nacional de Migración (INM), que no ha cumplido con su promesa de trasladar a los migrantes con citas de “CBP One” a la frontera norte de México. La falta de acciones concretas por parte del gobierno ha generado frustración entre los migrantes y activistas, quienes consideran que el problema se ha convertido en una crisis de seguridad nacional.
En medio de este contexto, un grave accidente laboral ocurrió en Tapachula el 11 de septiembre, cuando dos trabajadores migrantes cayeron desde un andamio a 13 metros de altura en la construcción de un puente elevado. A pesar de la gravedad del incidente, los migrantes afectados no contaban con seguridad social, lo que retrasó su atención médica y expuso las prácticas irregulares en la obra pública, contratada por el gobierno estatal.
Este accidente ha puesto de relieve las deficientes condiciones laborales de los migrantes empleados en proyectos de infraestructura en Chiapas. Diversas organizaciones han denunciado la falta de supervisión por parte de las autoridades y el incumplimiento de las leyes laborales, lo que deja a los trabajadores en situación de vulnerabilidad y sin protección ante accidentes graves.
