* Organizaciones de derechos humanos y activistas, como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas y Luis García Villagrán, denuncian abusos e intimidación por parte del INM y la Guardia Nacional.
Daniela Alfaro
El estado atraviesa una crisis migratoria que ha desbordado la capacidad de atención de las autoridades, donde activistas y organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos. Luis García Villagrán, defensor de los derechos de las personas en movilidad, acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional (GN) de hostigar e intimidar a los migrantes que participan en caravanas.
García Villagrán destacó que las detenciones y deportaciones realizadas por las autoridades carecen de transparencia, violando el artículo 1º de la Constitución y el artículo 52 de la Ley de Migración, que garantizan un trato digno para las personas en tránsito. “El Estado mexicano tiene la obligación de rendir cuentas sobre estas prácticas. No se puede seguir ignorando las condiciones inhumanas en las estaciones migratorias”, afirmó, señalando que lugares como la Estación Migratoria Siglo XXI no ofrecen condiciones adecuadas.
La saturación de las oficinas del INM en Tapachula es otra evidencia de la magnitud del problema. Este lunes, cerca de mil 500 migrantes formaron largas filas para obtener la Forma Migratoria Múltiple (FMM), necesaria para avanzar hacia el norte. Sin embargo, la falta de personal y recursos ha generado caos y desorganización, dejando a muchas personas sin acceso a servicios básicos. Los migrantes, provenientes de diversos países, exigen mayor atención y condiciones humanas para continuar su travesía.
Testimonios de los migrantes retratan un panorama preocupante. “Solo queremos avanzar, no nos queremos quedar aquí. Nos tratan como perros, sin agua ni comida, y a los niños los suben a los vehículos a la fuerza”, declaró uno de los integrantes de la caravana. La falta de albergues y servicios esenciales ha agravado la situación, obligando a muchos a dormir en las calles o a soportar condiciones extremas durante su trayecto.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas también denunció operativos recientes para desarticular caravanas migrantes, calificándolos como actos de intimidación contra personas defensoras de derechos humanos. Ante esta situación, García Villagrán propuso reubicar a los migrantes en estados del norte del país, donde podrían encontrar oportunidades laborales en sectores como la industria automotriz, siempre bajo un marco de respeto a sus derechos fundamentales.
Los activistas han pedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la comunidad internacional que intervengan para garantizar la protección de los migrantes. Mientras tanto, la llegada de nuevas caravanas amenaza con agudizar las deficiencias en la gestión migratoria.