* Atravesados por la precariedad y la falta de atención oficial, acusan abandono institucional en el sur del país.
Redacción
Sin acceso a empleo formal y con su salud deteriorada, tres personas de origen cubano decidieron iniciar una huelga de hambre frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, con el objetivo de presionar a las autoridades para que les permitan continuar con el trámite de residencia permanente en México.
Las personas en protesta aseguran contar con una suspensión emitida por un juez federal que ordena a las autoridades migratorias permitirles el ingreso administrativo para gestionar su documentación. Sin embargo, a pesar de los requerimientos legales, afirman que no han recibido atención por parte del INM.
Uno de los manifestantes, Luis García, relató que ha perdido al menos un trabajo por las constantes citas incumplidas por parte de la institución. “Me dicen que venga hoy, luego mañana, luego dentro de quince días. Cada vez que voy me vuelven a mandar de regreso sin solución”, explicó. Su madre, también en protesta, acompaña la exigencia: ambos han sido rechazados de múltiples ofertas de empleo por no contar con papeles actualizados.
Otmara Arencibia, otra de las personas en huelga, denunció además discriminación en espacios laborales por su condición migratoria. Originaria de Cuba y con antecedentes médicos delicados, sostiene que necesita urgentemente regularizar su situación para acceder a un empleo menos demandante físicamente. “He ido tres veces al INM y no me atienden. Trabajo más de ocho horas al día, pero con mis enfermedades ya no puedo seguir así”, dijo.
Mientras tanto, las dificultades no terminan en las oficinas migratorias. Quienes intentan tramitar el asilo o la residencia a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) también enfrentan demoras, pagos informales y esperas prolongadas. Arencibia narró que tuvo que comprar un número de turno en 500 pesos para avanzar en el proceso, además de esperar semanas sin recibir respuesta oficial.
Para especialistas en derecho migratorio como José Luis Pérez Jiménez, estas situaciones no son aisladas. Según el abogado, el cierre de programas migratorios en Estados Unidos y la falta de capacidad institucional en México han disparado el uso de recursos legales como amparos para obligar a las dependencias a atender los casos. A la par, señala un crecimiento de redes que comercian con espacios y citas fuera de las oficinas gubernamentales.
Las personas en protesta expresaron que mantendrán la huelga de hambre hasta recibir una respuesta concreta. Por ahora, señalaron que permanecen sentadas fuera de las instalaciones del INM con sus documentos en mano, sin ser atendidas. Destacaron que el día de ayer, un guardia de seguridad únicamente solicitó sus números de trámite, tomó fotografías de sus papeles y se retiró.
