* Estas cifras superan significativamente las de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón.
Durante el último semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reportaron 15 mil 243 homicidios dolosos, de los cuales el 73 por ciento fueron provocados por disparos de arma de fuego, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estas cifras confirman una tendencia al alza en homicidios durante este sexenio, superando en 140.53 por ciento a los mismos periodos de Enrique Peña Nieto y en 173 por ciento a los de Felipe Calderón.
El acumulado de homicidios dolosos registrados en los primeros semestres de cada año del gobierno de López Obrador asciende a 100 mil 849 víctimas entre 2019 y 2024. Esta cifra contrasta con los 71 mil 763 homicidios de Peña Nieto y los 58 mil 282 de Calderón en los mismos periodos. Del total registrado en 2024, 13 mil 418 víctimas fueron hombres, mil 728 mujeres y 97 personas sin especificar género.
Las principales causas de estas muertes violentas incluyen disparos de arma de fuego, que sumaron 11 mil 071 casos; ataques con armas punzocortantes, con mil 389 homicidios; y agresiones con medios no especificados, que representaron mil 412 muertes. De acuerdo con el INEGI, las tasas de homicidio se redujeron ligeramente en 2024, con 11.7 casos por cada 100 mil habitantes, frente a 12.4 en el mismo periodo de 2023.
El impacto de la violencia no se limita a las estadísticas. Comunidades enteras enfrentan una creciente desconfianza en las instituciones, miedo latente y desintegración social. Además, esta situación fomenta la migración interna y hacia el extranjero, en busca de condiciones más seguras. Expertos advierten que la inseguridad no solo afecta a regiones históricamente violentas, sino que también se ha extendido a áreas que previamente no eran consideradas puntos críticos.
Ante estos datos, especialistas y académicos han urgido al gobierno a replantear su estrategia de seguridad pública. Señalan la necesidad de programas integrales que combinen la prevención del delito, el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones de justicia, para atacar las causas estructurales de la violencia en el país.
