* El Gobierno mexicano confía en resolver el conflicto con Washington luego de que se suspendieran 13 rutas de aerolíneas nacionales hacia ese país
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno mantiene comunicación con autoridades estadounidenses para alcanzar un acuerdo que permita restablecer las rutas aéreas canceladas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Durante su conferencia matutina del 3 de noviembre, Sheinbaum explicó que ya se solicitó una llamada con el titular del Departamento de Transporte, Sean Duffy, y se enviará una carta con los argumentos técnicos del Estado mexicano, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La mandataria señaló que la decisión del gobierno estadounidense se basa en una presunta falta de competencia equitativa entre aerolíneas mexicanas y estadounidenses, pero aseguró que “en México hay libre competencia y las asignaciones de horarios de vuelo —conocidos como slots— se han realizado conforme a los procedimientos establecidos”.
El anuncio se dio tras una reunión sostenida con representantes de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, así como con los directores del AIFA y del AICM, en la que se revisaron aspectos técnicos sobre las rutas afectadas y las medidas para garantizar condiciones justas en el mercado aéreo.
Sheinbaum expresó confianza en que el conflicto se resolverá antes del plazo de 14 días establecido por las autoridades estadounidenses, y adelantó que este martes se reunirá con las empresas de carga aérea que operan en el AIFA para conocer su situación y atender posibles inquietudes.
De acuerdo con la información oficial, el Departamento de Transporte estadounidense suspendió dos rutas vigentes y canceló once rutas programadas de aerolíneas mexicanas hacia distintos destinos en Estados Unidos. El gobierno mexicano busca revertir la medida mediante el diálogo y la presentación de evidencia que respalde la transparencia en la regulación del sector aéreo.
