Edgar Hernández Ramírez
El gobierno de Chiapas ha anunciado su intención de enviar al Congreso local una iniciativa para permitir que las corporaciones policiacas estatales porten armas de muy alto poder, con el argumento de enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia organizada y garantizar la paz social. De aprobarse, la Guardia Estatal chiapaneca sería la primera policía estatal del país formalmente dotada de este tipo de armamento. La decisión, sin embargo, abre una discusión de fondo: ¿el incremento del poder de fuego es realmente una condición necesaria –o siquiera suficiente– para contener la violencia criminal?
Conviene partir de un hecho concreto: la policía estatal ya está fuertemente armada. Cuenta con fusiles Micro Tavor, armas cortas Glock, helicópteros Bell 206 y Black HawkUH-60, drones –algunos artillados–, unidades móviles con comunicación satelital, grupos de inteligencia y fuerzas de reacción inmediata como los Pakales. A ello se suma una inversión creciente en salarios, equipamiento y tecnología. El problema, entonces, no es la carencia absoluta de medios, sino la premisa de que más letalidad equivale automáticamente a mayor control territorial y reducción del crimen.
La experiencia comparada en México y América Latina demuestra lo contrario: el armamento de alto poder sólo es útil en escenarios muy específicos, como la protección del personal ante emboscadas o la contención temporal de grupos fuertemente armados. Pero no sustituye los factores que realmente erosionan a las organizaciones criminales: inteligencia financiera, investigación judicial sólida, desarticulación de redes logísticas, control interno de las corporaciones y legitimidad social. Sin estos pilares, el arma “gana” el enfrentamiento inmediato, pero pierde la guerra estructural.
El riesgo mayor aparece cuando el aumento de capacidad letal se produce en contextos de urgencia política por mostrar resultados y con antecedentes de abusos policiacos no sancionados. En esos escenarios, el armamento de alto poder tiende a generar una escalada perniciosa: más enfrentamientos, mayor probabilidad de muertes de civiles, errores de identificación, uso excesivo de la fuerza y, en el peor de los casos, normalización de la violencia estatal como forma ordinaria de gobierno. La impunidad previa no se corrige con rifles más potentes; al contrario, se amplifica el daño potencial.
Existe, además, un riesgo político que rara vez se menciona. Una policía estatal con alto poder de fuego puede convertirse en un instrumento de control político y social, particularmente en estados con fuerte conflictividad comunitaria, presencia indígena y tradición de protesta. La frontera entre combate al crimen y criminalización de la disidencia puede volverse peligrosamente difusa. El despliegue selectivo de la fuerza, la intimidación indirecta y la inhibición de la participación social son efectos colaterales que impactan de lleno en la calidad democrática.
Nada de esto implica negar la necesidad de fortalecer a las corporaciones de seguridad ni desconocer los avances en coordinación e inteligencia que el propio gobierno estatalreivindica. El punto es otro. Antes de ampliar la capacidad de matar, el Estado debe demostrar su capacidad de controlar, sancionar y rendir cuentas. Sin controles externos eficaces, sin fiscalías capaces de sostener casos ante jueces y sin mecanismos creíbles de supervisión ciudadana, la apuesta por más armamento debilita y pone en entredicho la estrategia de pacificación.
La pregunta central, entonces, no es si Chiapas necesita policías mejor equipados, sino qué tan preparado está el Estado para gobernar las consecuencias de dotarlos de mayor poder letal.
