* Expresaron su frustración al señalar que fue familia de la menor la que realizó guardias y búsquedas, mientras que la Fiscalía no tomó las acciones necesarias de manera oportuna.
Daniela Alfaro
La colectiva Madres en Resistencia ha expresado su indignación tras el hallazgo del cuerpo de Liliana Guadalupe “N”, una menor de 12 años, en una vivienda del Barrio Colón en Tuxtla Gutiérrez. La niña fue encontrada cuatro días después de su desaparición, y su cuerpo presentaba signos de violencia, lo que ha encendido alarmas sobre la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades.
Adriana Gómez Martínez, miembro de la colectiva y madre de otra niña asesinada, destacó que desde el día anterior al descubrimiento del cuerpo, las integrantes del colectivo habían estado acompañando a la familia de Liliana en la búsqueda, distribuyendo fichas y dialogando con vecinos para recolectar información. Sin embargo, criticó la pasividad de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante esos días cruciales.
Isabel Torres, otra integrante de Madres en Resistencia, expresó su frustración al señalar que fue la propia familia de la menor la que realizó guardias y búsquedas, mientras que la Fiscalía no tomó las acciones necesarias de manera oportuna. También denunciaron que las autoridades pidieron a la familia que se alejara del lugar donde fue encontrado el cuerpo, alegando que su presencia podría interferir con la investigación.
El colectivo insistió en que la FGE no actuó con la diligencia necesaria, negándose a realizar geolocalización del teléfono de la menor y a ingresar a la vivienda en cuestión sin una orden de cateo, a pesar de la urgencia del caso. Esta demora permitió que el presunto responsable, Víctor José “N”, eludiera a las autoridades.
Por otro lado, en San Cristóbal de Las Casas, la colectiva Cereza y otras organizaciones sociales han organizado movilizaciones exigiendo justicia por Liliana, en respuesta a la creciente violencia de género en el estado. También denunciaron la criminalización de comunidades indígenas por parte del sistema judicial chiapaneco. Las familias y activistas exigen transparencia y justicia en casos de feminicidios, subrayando la necesidad de que las autoridades actúen con celeridad y seriedad para prevenir nuevas tragedias.
