Alejandro Flores Cancino
En un país donde la narrativa política ha encontrado en la frase “yo tengo otros datos” una especie de escudo retórico, la desaparición del Coneval y la extinción del Inai representan un golpe contundente a la capacidad ciudadana de verificar la realidad frente al discurso oficial. Ambos organismos, esenciales para medir la pobreza y garantizar el acceso a la información pública, respectivamente, han sido desmantelados bajo un manto de justificaciones económicas y de “combate a la corrupción,” pero la pérdida para la democracia es incalculable.
El Coneval, creado para medir de manera independiente la pobreza, fue un faro de información objetiva en un mar de cifras manipuladas. Su desaparición deja un vacío que coloca al Gobierno como juez y parte de la información que se presentará al público. En otras palabras, los datos oficiales ya no tendrán un contrapeso técnico e imparcial que los valide o cuestione. En un contexto donde el ex Presidente López Obrador declaró insistentemente que la corrupción “es el principal problema de México,” paradójicamente, centralizar la generación y difusión de información sin mecanismos externos de auditoría es una receta perfecta para el autoritarismo informativo.
La extinción del Inai agrava el panorama. Sin un organismo que garantice el acceso a la información pública, la capacidad de periodistas, académicos y ciudadanos para fiscalizar al Gobierno se ve severamente limitada. La transparencia, esencial para combatir la corrupción que el Presidente tanto señala, queda subordinada al control discrecional de los datos. Como alguna vez declaró AMLO, “un gobierno rico con pueblo pobre es corrupción.” Pero, ¿qué pasa cuando ese gobierno también controla la verdad?
El problema de fondo no es solo la desaparición de instituciones clave, sino lo que estas decisiones simbolizan: un retroceso en la construcción de un México donde los datos sean un bien público, verificable y accesible. Ahora, los “otros datos” de los que tanto ha hablado López Obrador serán los únicos datos disponibles. Y cuando no hay manera de contrastarlos, dejan de ser datos para convertirse en verdades absolutas, inmunes al escrutinio.
La narrativa presidencial ha tenido éxito en justificar muchas decisiones impopulares bajo la bandera de la austeridad y la lucha contra la corrupción. Pero, ¿cómo puede una ciudadanía informada ser un contrapeso si se le priva de las herramientas para entender y evaluar la realidad? Si el Coneval ya no mide la pobreza y el Inai no garantiza el acceso a información pública, el ciudadano pierde su capacidad de exigir cuentas. En ese vacío, el Gobierno se convierte en el único narrador de la historia, y la historia que nos cuenten será la única posible.
La centralización de la información es peligrosa porque no es infalible. Como alguna vez reconoció el propio Presidente: “nadie es perfecto.” Entonces, ¿cómo reconciliar la imperfección humana con la idea de que solo una voz tiene la verdad? La respuesta, lamentablemente, es que no se puede. Y en ese dilema, la democracia pierde.
En un México donde los otros datos ahora serán los datos, la pregunta que queda es: ¿cómo podremos distinguir la realidad del relato oficial?
