Héctor Estrada
¿Qué sucede con el gobierno de Manuel Velasco y el incremento al costo del transporte público en Chiapas? Es la pregunta que miles de chiapanecos se hacen en medio de la confusión, indignación e incertidumbre generada por el arbitrario reajuste tarifario aplicado durante las últimas semanas.
Este martes, concesionarios del transporte público salieron a medios de comunicación para exponer los argumentos que dan validez al incremento en la cuota, con un reajuste, incluso por encima de los tres. Y en honor a la verdad, las pruebas estadísticas presentadas resultan prácticamente irrefutables. No se requiere de mayores estudios especializados para reconocer que los combustibles, insumos y refacciones se han disparado durante los últimos años.
Del 2012 a la fecha, por acuerdo entre los propios concesionarios y la Secretaría de Transportes (también deben reconocerlo), la tarifa no sea modificado. La medida responde a un asunto estrictamente político. Mantener sin alzas a la tan controversial tarifa del transporte público en Chiapas es uno de los pocos triunfos ofrecidos por la dependencia a Velasco Coello. Otros intentos de reajuste se habían dado durante lo últimos años pero habían terminado siendo “controlados”.
Y es que, lo que antes comenzó como un terso acuerdo político entre “pulpos del transporte” y el gobierno verde, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en un forzado acuerdo postergado. Los concesionarios saben perfectamente que sus formas de operación violan la ley y no les ha quedado de otra que aguantar los condicionamientos para mantener la tarifa. De lo contrario, las represalias serían inevitables. Para ejemplo, ahí tiene usted el reciente caso de Bersaín Miranda.
Sus propias ilegalidades los han amordazado durante los últimos años. El último acuerdo “bajo el agua”, solapado de manera cobarde e irresponsable por la Secretaría de Transportes, que dio paso al controversial reajuste de este año, terminó confrontando a los transportistas con la ciudadanía para reavivar una “caja de pandora” nada benévola para quienes han monopolizado y operado deficientemente el trasporte público en Chiapas.
Tienen razón, los incrementos generalizados justifican una tarifa mayor. Los gastos se han disparado y las ganancias se han mermado. Pero han olvidado mencionar por completo uno de los motivos más importantes que ha hecho de esta modalidad de concesiones un tema de recurrentes exigencias por incrementos desesperados: el uso desvirtuado del verdadero objetivo que tienen las concesiones y la irregular operación de varias de ellas a manos de un sólo “propietario”.
El Artículo 19 de la Ley de Transportes en Chiapas establece de manera muy clara que sólo podrá ser otorgada una concesión por persona (física o moral). La regulación determina que la vocación de dicho derecho estatal es beneficiar a los propios trabajadores del volante como una fuente de empleo completamente regulada. Así lo precisa el Artículo 22 de la misma ley cuando menciona que las concesiones sólo podrán ser otorgadas y operadas por los “legítimos trabajadores asalariados del volante que tengan una antigüedad de 15 años ininterrumpidos, respetando el orden cronológico de solicitud”.
Des esta manera, “cuando un concesionario no pueda hacerse cargo de la prestación del servicio en los términos de la concesión otorgada, la autoridad estatal, para garantizar su prestación, podrá iniciar el procedimiento de revocación de la misma”, “el transporte en estas unidades será prestado directamente por los permisionarios, por lo que el conductor no podrá ser persona diversa o asalariado”, detallan los artículo 35 y 38.
De manera resumida, la concesiones están dirigidas legalmente para quienes las trabajan de manera directa, no para la creación de mini o macro empresarios del transporte público. O ¿Cuántos de los choferes de las unidades que circulan en Chiapas cree usted que son los mismos dueños de las concesiones? Por eso es que los ingresos generados de este servicio alcanzan aún menos.
El dinero que cada unidad ingresa a diario es repartido entre el pago de combustible, mantenimiento, sueldo del chofer y la jugosa cuota innegociable para el propietario de la concesión, quien sólo espera en casa el dinero emanado de una, dos o muchas más unidades que sub-opera de forma completamente irregular. Si los ingresos de las concesiones quedaran de manera directa en las manos de quienes trabajan las unidades créame usted otro sería el contexto actual.
Por supuesto que existen concesionarios que legal y honestamente operan sus unidades, pero lamentablemente son opacados por un abrumador número de “pulpos transportistas”. En honor a la legalidad y la justicia, la Secretaría de Transportes en Chiapas debe aplicar un incremento a las tarifas, pero también un proceso de regularización que haga valer la ley y priorice los intereses del usuario sobre los del gobiernos o los propios transportistas.
Que haga efectivo el artículo sexto sobre la obligatoriedad de estudios socioeconómicos de los usuarios para autorizar y permitir cualquier modificación al servicio; o el artículo 60 referente a la calidad del servicios bajo condiciones de higiene, capacidad, seguridad y comodidad; y por qué no, el artículo 73 que permite la revocación de concesiones a quienes incremente tarifas sin autorización pública del gobierno estatal… Si de justicia se trata que se hagan las cosas bien, pero en todos los sentidos… así las cosas.
