Sr. López
Tío Macro, de los de Autlán de la Grana, era un señor con la cara hecha a marro, fuerte como mulo de Kentucky, tosco como metate, mandón y macho certificado por la Asociación Nacional de Bestias Domésticas. Terrible el tío. Su esposa, tía Marita, era una bella señora dulce, menudita, con unos ojazos como platos, verde claro, que todo el tiempo decía ‘sí, Macro’, ‘lo que tú digas, viejo’; pero solo en cosas como si iba al potrero o checaba la ordeña, si se hacían chiles rellenos o albóndigas, porque en todo lo demás, mandaba tía Marita, sin alzar la voz ni sus ojazos del bordado: -No, Macro, la niña quiere ese novio y ese es su novio –y el tío bufaba y callaba. –No, señor, no se vende ni media vara de tierra (una vara eran 0.6987 de metro cuadrado, como usted sabe) –y el tío callaba y bufaba. La razón era sencilla: ella era dueña de todo y administraba del primer al último centavo. El tío aportaba músculo y lo necesario para que la bella dama tuviera descendencia (quince hijitos, siete nenas que se casaron con quien les pegó la gana y los hijos, también). Tío Macro era tío micro.
En esta nuestra patria, se supone que la voluntad del Presidente de la república dobla rieles, allana montañas, apaga volcanes y con la ley hace suertes charras. Todo nacional mexicano con sesenta o más años de disfrutar las mieles que resuma el panal político tenochca, cree eso porque así fue durante el régimen de larga duración del siglo pasado… pero los tiempos cambian y parece que eso del omnímodo poder presidencial ya es parte del libro ‘Leyendas del Pricámbrico Clásico’.
Insiste nuestro Presidente en que va el aeropuerto de Santa Lucía y ante la catarata de amparos interpuestos para estorbar, retrasar y si se puede, impedir su ejecución, anunció el pasado 15 de julio, un ‘Plan B’ para sortear lo que llamó ‘sabotaje legal’ de los que invirtieron y construían el NAIM en Texcoco. La importancia del asunto obliga a la cita textual, lea: “(…) el plan B es que se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía en el marco de la legalidad y a pesar de los obstáculos que nos están poniendo nuestros adversarios”; o sea, el ‘Plan B’, es el ‘Plan A’ (lo de considerar que es un ‘sabotaje’ recurrir a tribunales no es prudente comentarlo… hay teclazos de muerte).
Ayer reventó la noticia de que un Juez (el Décimo de Distrito en el Estado de México), concedió una suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto al proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).
Víctor Toledo Manzur es el secretario de la Semarnat. Es señor muy serio. Tiene prestigio, lo sabe y lo cuida. Emitió los permisos para Santa Lucia, sin dejar de advertir:
I) La tala y poda de vegetación; II) Desplazamiento y reubicación de flora y fauna; III) Inhibición en la filtración hídrica y disminución de captación de agua; IV) Aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos aunado a la falta de infraestructura vial y, en general, V) Daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno.
Bueno… pues el señor Secretario resulta que no se dobló. Emitió la autorización que le pedían tronándole los dedos, pero sin mentir. Y el Juez, con eso frente a las narices, no podía salir con que no otorgaba el amparo, no provisional sino definitivo de la construcción de Santa Lucía. Dice el texto de la suspensión: “(se) otorga debido a que la propia Autorización de Semarnat reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria”.
Aparte de este pequeño obstáculo, hay otro de pronóstico reservado: falta resolver un juicio en el que lo demandado es que el gobierno federal justifique la suspensión de las obras en curso en Texcoco. Claro, en otros tiempos, solo pensarlo provocaba infarto masivo de escritorios y diarreas de renuncias, pero ya no, ya no estamos en esos tiempos que conoció (bien), nuestro Presidente.
Efectivamente, el 15 de agosto pasado, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, ordenó que el gobierno federal pruebe que la suspensión de las obras no viola el artículo 134 de la Constitución (los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público)… y lo de la honradez, déjelo de lado, es dogma la acrisolada honestidad de todos los integrantes de este gobierno, pero va a estar peliagudo que le prueben a un Juez que tirar a la basura los 20 mil millones de dólares que estima la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que a 20 pesos por dólar son la friolera de 400 mil millones de pesitos; y aunque fueran solo los 100 mil millones de pesos que el propio gobierno 4T estima, es mucho como para poder justificarlo (y la ‘consulta’ no cuenta, no existe, es ilegal, ilegítima e ilusoria).
Luego queda pendiente entre otros, el juicio en el que se pruebe que de verdad es operativo y seguro lo de Santa Lucía funcionando simultáneamente con el aeropuerto de la CdMx… ¡híjole!
Habrá que esperar que se resuelvan todos los juicios. Por lo pronto y en tanto eso pasa, el gobierno no podrá inundar las obras del NAIM, para hacer un parque de diversiones (lo que ya parece maldad: arruinar para siempre lo que saben se deberá terminar tarde o temprano, eso es de plano perder y arrebatar).
Y la cerecita del pastel es que según los que saben de estos enredos jurídicos, el asunto puede llevarse entre uno y tres años… sin certeza de que las sentencias sean favorables a un capricho de don Jiménez Espriú, quien dijo al Presidente lo que quería oír y lo engañó, a sabiendas si no es tonto o sin saberlo si es nada más un tonto útil.
¿Quién pierde, quién gana?… pierde México, en cualquier escenario. Lástima. Lo de siempre.
